La extensión de la Licencia Nro 31 —ahora 31B— del pasado 9 de enero que permite negociaciones y transferencias de personas integrantes de la Asamblea Nacional (AN) venezolana elegida en 2015 y de comisiones o delegados designados por la misma, con ciudadanos y entidades estadounidenses, es considerada por el Gobierno venezolano como una “medida coercitiva unilateral” de la Administración de Estados Unidos contra el Estado y la población venezolana.
Con la emisión de la Orden Ejecutiva Nro 13884 del 5 de agosto de 2019, la Oficina de Control de Activos (Ofac, en inglés) del Departamento del Tesoro estadounidense congeló las empresas y activos venezolanos en territorio estadounidense (Pdvsa, Citgo, sedes diplomáticas, entre otros), prohibiendo la transferencia, pago, exportación, retiro o negociación de bienes e intereses de propiedad del Gobierno de Venezuela que se encuentren dentro de los Estados Unidos.
Para esa misma fecha, la Ofac publicó la licencia general Nro 31, la cual permitió a la AN de 2015 transacciones y actividades con los activos congelados en el país norteamericano. La medida facultó al opositor Juan Guaidó a ejercer funciones de gobierno interino para ciertas transacciones con personas o entidades estadounidenses, como por ejemplo la transferencia a la Reserva Federal de 342 millones de dólares (USD) propiedad del Banco Central de Venezuela (BCV), congelados en abril de 2020.
Hasta enero de 2023, dicha licencia ha sido modificada dos veces: la primera vez el 4 de enero de 2021 (31A) tras la conformación de la Asamblea Nacional para el periodo 2021-2026; y la segunda, el 9 de enero de 2023 (31B) tras la disolución del interinato de Guaidó.
Dice que USA busca “mantener control”
La modificación del Licencia 31 (ahora 31B) del pasado 9 de enero contempla autorizar a la estructura denominada “AN 2016”, para realizar transacciones y negociaciones con personas y entidades en territorio estadounidense. Sin embargo, a diferencia de las modificaciones anteriores, no contempla la figura de presidente interino para actuar en nombre del Gobierno de Venezuela, omitiéndolo completamente del documento.
Para el gubernamental Observatorio Venezolano Antibloqueo “es claro que el objetivo de esta nueva MCU es mantener bajo control estadounidense y de sus operadores en Venezuela, los recursos actualmente bloqueados o congelados en el sistema financiero internacional, y los activos bloqueados como la empresa Citgo Petroleum, filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) de acuerdo a las Órdenes Ejecutivas dictadas por Donald Trump”, según refiere en un comunicado.
Por otra parte, el documento estadounidense mantiene las prohibiciones de realizar transacciones con miembros o personas relacionadas con la actual AN o la Asamblea Nacional Constituyente del año 2017, lo que para el Observatrio evidencia “el interés de Estados Unidos por mantener ante la comunidad internacional una ficción o dispositivo seudo jurídico a los fines de justificar sus actos de rapiña contra Venezuela”.
Igualmente, la medida mantiene la exclusión del BCV y de Pdvsa de realizar cualquier tipo de transacciones o negociaciones con ciudadanos o entidades estadounidenses, “bloqueando en la práctica la reestructuración de la deuda soberana y de la deuda de la compañía petrolera venezolana”, concluye el ente.
