El Gobierno de México presentó una demanda ante el Tribunal de Masachusets en la que acusa a hasta ocho fabricantes de armas estadounidenses por estar involucradas de forma indirecta con la delincuencia en el país al tener conocimiento del uso que se le da a sus productos.
Según esta demanda a la que tuvo acceso el diario mexicano El Universal, las autoridades mexicanas consideran que parte de la industria armamentística del país vecino es consciente de que un porcentaje de sus productos forma parte de la cadena de tráfico ilegal de armas hacia México y no han variado sus políticas de comercialización.
“Al diseñar, distribuir, vender y comercializar productos altamente peligrosos, los acusados asumieron el deber de garantizar que sus armas se vendan de manera legal y cuidadosa, en su totalidad, en cumplimiento de las leyes aplicables y no eludir esas leyes a través de sus prácticas comerciales“, explica el Gobierno en la mencionada demanda.
En la misma línea, desde Ciudad de México se lamentó que las empresas armamentísticas no cumplen su deber de “distribuir cuidadosamente” sus productos, pues los venden “sin estándares, condiciones o vigilancia a través de comerciantes y distribuidores intermediarios, algunos de los cuales (…) de manera imprudente o ilegal”.
