La Corte Penal Internacional (CPI) anunció que los días 7 y 8 de noviembre realizará dos audiencias para evaluar los recursos que presentó el Gobierno de Venezuela para impedir que se reabran las investigaciones por posibles crímenes de lesa humanidad. La corte indicó que la decisión final se dará a conocer “en una fecha posterior”.
En las audiencias, intervendrán representantes del Gobierno de Nicolás Maduro, de la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas (Opcv, por sus siglas en inglés) y de la Fiscalía de la CPI, que es la encargada de investigar los supuestos atropellos cometidos en el país latinoamericano durante las protestas opositoras de 2014.
La oposición venezolana ha recurrido varias veces a la CPI y en septiembre de 2018 un grupo de países —rgentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú— enviaron una solicitud formal que originó en noviembre de 2021 la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía.
En abril del año siguiente, Venezuela pidió que se detuvieran las investigaciones argumentando que ya había acciones iniciadas a nivel nacional, pero en noviembre la Fiscalía solicitó a la sala que se pronunció este martes que se reanudaran las indagaciones, para las que no hay un plazo definido.
La Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI aprobó en junio de 2023 la reapertura de las investigaciones, a la que el Gobierno venezolano quiere oponerse nuevamente. Venezuela firmó el Estatuto de Roma en junio del año 2000, por lo que en teoría debe acatar la autoridad del tribunal con sede en La Haya.
