El uso de teléfonos móviles o internet dentro de las prisiones está prohibido por ley desde 2016, pero aún persiste el problema de la comunicación ilegal de los reclusos con el exterior. El Gobierno de Venezuela anunció que ha intensificado las medidas para erradicar esta práctica, que en muchos casos se utiliza para cometer delitos como extorsiones.
La ministra para el Servicio Penitenciario, Celsa Bautista, informó este lunes al canal estatal VTV que se realizan “requisas diarias” para confiscar los celulares que poseen los privados de libertad.
“Algunos a lo mejor es que quieren comunicarse con sus familiares, pero otros lo usan para otros actos que no deben ser”, dijo.
Sistema de llamadas autorizadas
Bautista explicó que el Gobierno ha implementado un sistema de llamadas a parientes a través de teléfonos habilitados en algunas cárceles, sin precisar cuántas ni qué porcentaje representan. Esta medida busca facilitar el contacto de los reclusos con sus familiares, respetando la ley y evitando el uso indebido de la telefonía.
La Ley que Regula el Uso de la Telefonía Celular y la Internet en el Interior de los Establecimientos Penitenciarios fue promulgada en 2016 por el Parlamento, entonces de mayoría opositora, con el fin de prevenir la comisión de delitos desde las cárceles. Sin embargo, hasta el momento, las ONG siguen denunciando extorsiones a comerciantes por parte de grupos delictivos que operan desde las prisiones.
Descongestionamiento y derechos humanos
La ministra también indicó que se trabaja en el “descongestionamiento de los centros penitenciarios” mediante la revisión de penas de los detenidos, a quienes instó a emplearse dentro de las cárceles. Según dijo, dos días de trabajo reducen uno de condena.
Asimismo, aseguró que los servicios de las prisiones son “totalmente gratuitos” y que ningún familiar o encarcelado debe pagar por alimentación, asistencia jurídica y de salud, así como por las revisiones de medidas judiciales.
“Sí, se garantizan los derechos humanos de los privados de libertad y esa es línea del Gobierno venezolano”, remarcó.
Según el informe anual del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), en las cárceles se registró un hacinamiento del 64,19% durante 2022, con una población reclusa de 33.558 personas para una “capacidad real instalada” de 20.438 plazas.
