La Cruz Roja Venezolana, fundada hace 128 años, atraviesa una crisis institucional. Bajo el mando de Mario Villarroel Lander, quien lleva 43 años al frente de la organización, se han cometido actos de corrupción, abuso de poder y acoso laboral contra los voluntarios y el personal, según denuncian los afectados.
Estas denuncias han llegado al Ministerio Público y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, que ordenó una reestructuración de la Cruz Roja Venezolana para modernizar su estructura y su funcionamiento.
Para ello, designó a Ricardo Cusanno, abogado y expresidente de la patronal Fedecámaras, como encargado de conformar una junta de sociedad civil que consulte con distintos sectores sociales la participación en este proceso.
La sentencia del TSJ reafirma el carácter auxiliar de los poderes públicos en materia humanitaria del Movimiento Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que operan en los países adheridos a los Convenios de Ginebra. Esto implica que el Estado venezolano puede intervenir en caso de irregularidades estatutarias o de funcionamiento de la institución, como ocurrió en Uruguay en 2016.
La Cruz Roja Venezolana cuenta con más de 4.000 voluntarios, que han sido testigos del descuido y el abuso de poder por parte de Villarroel y su directiva, que no reside en el país. Además, acusan a la familia Villarroel de utilizar a la institución para fines personales durante décadas.
