El tráfico de personas, especialmente de mujeres y niñas, con fines de explotación sexual es un grave problema que afecta a Venezuela y que requiere de una mayor acción por parte del Estado, según un informe del Comité de la ONU especializado en la eliminación de la discriminación contra las mujeres.
El Comité, integrado por 23 personas expertas independientes de todo el mundo, evaluó el cumplimiento de Venezuela de la Convención Internacional para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, un tratado al que se han adherido todos los Estados que se someten periódicamente a este ejercicio.
Las más vulnerables
El informe señala que las mujeres indígenas, afrodescendientes y migrantes son las que corren mayor peligro de ser víctimas del tráfico de personas, y que hay pocas medidas en vigor para prevenir este delito.
Además, el Comité denuncia que existen formas contemporáneas de esclavitud, como el tráfico sexual y el trabajo infantil en zonas mineras, donde operan grupos armados y criminales que están conectados con la extracción ilícita de recursos naturales.
Entre estas zonas se identifica el Arco Minero del Orinoco y zonas en las fronteras con Colombia y Brasil.
Falta una ley integral y un plan nacional
El Comité considera que hace falta una ley integral sobre el tráfico de personas y que se publique el plan nacional al respecto, así como datos detallados de este delito y de la explotación con fines de prostitución.
También recomienda ofrecer asistencia a las mujeres que emigran a otros países para que tengan todos sus documentos y diplomas profesionales en regla y se reduzca la posibilidad de que caigan en situaciones de explotación.
Otros desafíos pendientes
Otra área en la que el Comité manifiesta una fuerte preocupación es la violencia de género y su alta incidencia, como dejan en evidencia “la persistencia de los feminicidios, desapariciones y la violencia psicológica y sexual” contra las mujeres y niñas en Venezuela.
El informe reclama el aumento de los refugios para víctimas, de los que existen solo cinco en el país, a pesar de que la legislación actual indica que se requiere al menos uno por departamento.
