La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió este jueves en La Haya con Mame Mandiaye Niang, fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional (CPI).
Ambos funcionarios debatieron “sobre la necesidad de cooperación y diálogo para garantizar la justicia de conformidad con el Estatuto de Roma“, escribió la CPI en su cuenta de Twitter.
Dicho encuentro se produce un día después de que se conociera que el Gobierno de Nicolás Maduro solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares I que que las opiniones e inquietudes de las víctimas se transmitieran solo a tavés de la Sección de Reparación y Participación de las Víctimas y que el Estado venezolano responda a tales comentarios.
Precisamente este viernes, la misma Sala respondió favorablemente a esta solicitud, alegando que el Estatuto de Roma establece que es la Sección de Reparación y Participación de las Víctimas la que se comunica con las víctimas y con la Oficina de Defensa Pública, para luego elaborar un informe que resuma las inquietudes y opiniones.
“No hay razón para apartarse de este sistema de recaudación en el presente caso. Este sistema garantizará que las opiniones y preocupaciones de cualquier víctima cuyos intereses no estén actualmente representados por la Opcv y/o los cuatro abogados venezolanos nombrados también puedan ser recopilados y transmitidos a la Sala a más tardar el 21 de marzo de 2023”, añadió la decisión.
A inicios de noviembre, la Oficina de Defensa Pública para las Víctimas, de la CPI, había solicitado presentar —junto a cuatro abogados venezolanos, entre ellos Alfredo Romero y el abogado de Leopoldo López, Juan Carlos Gutierrez— las opiniones e inquietudes de las víctimas directamente ante la Sala de Cuestiones Preliminares I, sin pasar por la Sección de Reparación y Participación de las Víctimas.
