En un reciente acto de campaña en el estado de Bolívar, el aspirante presidencial por la principal alianza opositora al chavismo, Edmundo González Urrutia, se comprometió a erradicar las actividades de “minería ilegal” en Venezuela, en caso de ser electo. Sin embargo, hizo hincapié en su apoyo a las operaciones mineras que se adhieran a estándares de “profesionalismo” y responsabilidad ecológica.
“Estaremos siempre en contra, y combatiremos esa minería ilegal que ha destruido el ambiente para generar riquezas”, afirmó González Urrutia, posicionándose firmemente contra las prácticas mineras no reguladas que, según declaraciones del actual gobierno, se llevan a cabo en la región.
El presidente Nicolás Maduro, en una declaración del 17 de junio desde el mismo estado, reconoció la necesidad de “ordenar” la minería en Venezuela, promoviendo un enfoque que sea productivo y a la vez conserve el ecosistema, admitiendo la presencia de mafias y métodos “destructivos” en el sector.
A inicios de junio, el gobierno venezolano inició la reforestación de la zona conocida como Bulla Loca en Bolívar, lugar de un derrumbe minero en febrero que resultó en la muerte de al menos 16 personas y 36 heridos, de acuerdo con cifras oficiales. No obstante, el alcalde Yorgi Arciniega reportó cifras más alarmantes: 30 muertos y aproximadamente 100 desaparecidos.
El 23 de abril, Domingo Hernández Lárez, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), anunció la “total inoperatividad” de la mina afectada, tras evacuar a unas 10.000 personas del área. Hernández Lárez explicó que la clausura de la mina se debió a la “violación al ordenamiento jurídico territorial de las reservas forestales en el estado Bolívar”.
Con información de SWI swissinfo.ch / EFE.
