Con la mirada puesta en el horizonte del 28 de julio, Venezuela se alista para un evento crucial: las elecciones presidenciales. Este acontecimiento se presenta como un punto de inflexión ante la posibilidad de un cambio en la gestión de la crisis que atraviesa el país y el manejo de sus vastos recursos petrolíferos, en un contexto marcado por las sanciones económicas de Estados Unidos.
La posibilidad de un triunfo opositor genera expectativas. “Habría un aumento de la confianza en Venezuela y se podría esperar un crecimiento en la inversión y en el consumo por mejores expectativas futuras”, expresó Germán Ríos, académico del Observatorio de Política y Economía Latinoamericanas de IE University, en declaraciones a Bloomberg Línea.
Ríos anticipa un alza en el valor de activos, incluyendo bienes raíces y financieros, tales como acciones y bonos venezolanos en mercados internacionales.
Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía de Venezuela podría expandirse un 4% este año, superando el promedio latinoamericano del 2%. Sin embargo, estas cifras vienen acompañadas de “una gran incertidumbre”, y desde el FMI se advierte que “este aumento parte de una base muy baja”.
En palabras de Roberto Pérez, profesor de Macroeconomía de la Universidad del Rosario, “la política monetaria deberá tener un rol protagónico para suavizar la transición económica, buscando un objetivo inflacionario explícito, con flotación cambiaria y sin controles a los movimientos transnacionales de capital, salvo los consistentes con políticas macroprudenciales que persigan la estabilidad del sistema financiero. En un sistema bimonetario, el Estado venezolano necesitará recuperar la confianza del público en el bolívar y anclar las expectativas en el objetivo inflacionario”.
La inflación sigue siendo un desafío significativo, con un índice interanual del 78% hasta mayo según el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) y del 59,2% de acuerdo al Banco Central de Venezuela (BCV), reflejando también la depreciación de la moneda nacional.
Posterior a las elecciones, se anticipa un impacto positivo inmediato en la economía debido a las expectativas optimistas, aunque mejoras en indicadores como el PIB, el empleo y la inflación podrían tardar meses en materializarse tras una eventual victoria opositora, señala Ríos.
“Se podría esperar un repunte adicional en la inversión y en el consumo en la medida en que el nuevo gobierno ajuste los desequilibrios macroeconómicos existentes, como el control de cambio, el desequilibrio fiscal y la inflación”, agregó.
Roberto Pérez, especialista en la economía venezolana, sostiene que, aunque el panorama económico para el resto del año sigue siendo complejo, una victoria de la oposición “debería mejorar significativamente las expectativas de crecimiento económico para los próximos años, asumiendo un clima de estabilidad política y seguridad jurídica para las inversiones”.
Las sanciones económicas que pesan sobre Venezuela, un factor clave
La eliminación de las sanciones económicas contra la administración de Nicolás Maduro podría ser un catalizador para el comercio exterior y la reapertura económica de Venezuela, aprovechando sus extensas reservas de petróleo.
“Un cambio de Gobierno podría significar el alivio de las sanciones que ha sufrido la nación por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea (UE). Las nuevas autoridades venezolanas tendrán por delante un largo proceso de negociación”, indicó Pérez.
El experto enfatiza que la prioridad internacional será negociar con los países y organismos que han impuesto sanciones, afectando al sector petrolero y las transacciones financieras internacionales, lo que ha complicado el acceso a los mercados financieros y el refinanciamiento de la deuda externa.
El nuevo gobierno deberá evidenciar cambios sustanciales en las políticas estatales, orientados hacia reformas democráticas, la protección de derechos humanos y la adopción de una estrategia macroeconómica ortodoxa que favorezca la recuperación de los equilibrios macroeconómicos.
“Una futura suspensión de las sanciones consecuencia de una victoria de la oposición democrática debe ser aprovechada para atraer la inversión extranjera, principalmente en el sector energético, que sirva de impulso inicial de una senda de crecimiento sostenido y que a mediano plazo permita la acumulación del capital, físico y humano, necesario para colocar al país en una senda de crecimiento que convergente al de los países de ingresos más altos. Este proceso sería similar al que ya experimentó Venezuela entre los años 1920 y 1975”, explicó Pérez.
Desde IE University, se señala que la remoción de sanciones debería traducirse en un incremento de la inversión no solo en petróleo, sino también en sectores como bienes de consumo, manufactura, agroindustria y turismo.
Venezuela enfrenta una deuda estimada en 154.000 millones de dólares con acreedores internacionales, incluyendo bonos gubernamentales, préstamos de organismos y estados, y litigios pendientes, según Bloomberg.
Los tenedores de bonos representan el grupo más significativo de la deuda venezolana, con compromisos que ascienden a 67.000 millones de dólares tras más de seis años de incumplimiento, basado en análisis del economista Francisco Rodríguez de la Universidad de Denver.
China, como socio estratégico, ha incrementado su influencia en Latinoamérica, tanto a través de la iniciativa de la Ruta de la Seda como mediante la financiación de proyectos.
¿Cuál debe ser el plan económico del nuevo Gobierno de Venezuela?
Para superar la crisis actual, expertos sugieren establecer un marco macroeconómico sólido, reducir el déficit fiscal, renegociar la deuda externa, disminuir la emisión de dinero inorgánico, y eliminar progresivamente el control de cambios, generando credibilidad y confianza con políticas públicas pragmáticas y sostenibles.
Este plan económico también debería incluir la flexibilización de controles y regulaciones que afectan la actividad económica.
La primera tarea de la nueva administración será ordenar las finanzas públicas y adoptar mecanismos como la regla fiscal para asegurar la sostenibilidad financiera y la estabilidad macroeconómica a largo plazo, apunta Pérez.
“Su propósito sería evitar que la voracidad fiscal cause colapsos económicos como los vividos en la última década”, concluyó.
Con información de Bloomberg Línea.
