Henrique Capriles, figura prominente de la oposición venezolana, condenó enérgicamente las recientes acciones de la Contraloría General. La entidad sancionó con inhabilitación a una decena de alcaldes pertenecientes al espectro antichavista, una medida que Capriles califica de “aberrante”. Según el exmandatario regional de Miranda, esto refleja un estado de “desespero” por parte del Ejecutivo nacional en la antesala de las elecciones presidenciales programadas para el 28 de julio.
En una declaración difundida a través de una red social, Capriles expresó: “Sigue Maduro en modo desespero y vuelve a usar las instituciones para violentar la ley y el derecho ciudadano. Esta vez inhabilitan a 10 alcaldes”.
La inhabilitación, ¿una estrategia de represión?
Capriles, quien ha competido en dos ocasiones por la presidencia, sostiene que la sanción impuesta a los alcaldes de los estados Trujillo y Nueva Esparta es una clara represalia. Alega que la medida busca castigar el apoyo brindado por estos funcionarios a la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y su candidato, Edmundo González Urrutia, en el próximo proceso electoral.
A pesar de estar inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta 2032, Capriles se ha solidarizado con los alcaldes afectados. Ha reafirmado su convicción de que “la voluntad del pueblo puesta en cada voto para elegir a esos alcaldes será ratificada y superada” en la fecha de los comicios, cuando la PUD aspira a desbancar al actual mandatario, Nicolás Maduro, en su intento por una segunda reelección y así poner término a más de dos décadas de gobierno chavista.
Previamente, González Urrutia había manifestado su apoyo a los alcaldes sancionados y denunció lo que considera una “creciente persecución” en el país. Se comprometió a abogar “por un país donde nadie se le persiga por pensar diferente” al régimen actual.
De acuerdo con el sitio web oficial de la Contraloría, los alcaldes opositores Iraima Vásquez y José María Fermín, de los municipios Tubores y Villalba en Nueva Esparta; y Heriberto Materán, de Motatán en Trujillo, han sido inhabilitados por un lapso de 15 años para desempeñar funciones públicas.
El portal detalla que las resoluciones de inhabilitación datan del 24 de mayo de 2024. Además, se informa que en abril del mismo año, la institución sancionó a cinco figuras opositoras, incluyendo a un alcalde, con una prohibición de 15 años para ocupar “cualquier cargo” público, y a otro miembro de la oposición con una sanción de 12 meses.
Con información de EFE.
