El presidente colombiano, Gustavo Petro, tomó la determinación de no reactivar el alto al fuego con el Estado Mayor Central (EMC), la disidencia más prominente de las Farc. La condición establecida por el mandatario para retomar cualquier forma de diálogo es que el EMC debe “desmonte las economías ilícitas”.
El anuncio fue realizado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien comunicó la postura del Gobierno tras un Consejo de Seguridad en Popayán, la capital del Cauca.
En un esfuerzo por capturar a los líderes de la facción Jaime Martínez del EMC, Velásquez anunció una recompensa sustancial de 500 millones de pesos (equivalente a unos 130.000 dólares) y confirmó el despliegue de más tropas en la región.
Además, el presidente Petro instruyó tomar medidas para socavar la base económica del EMC, atacando directamente sus ingresos provenientes del narcotráfico y la minería ilegal, según se desprende de un comunicado de la Presidencia.
En un esfuerzo coordinado para contrarrestar la influencia del grupo armado, se ha planificado una serie de jornadas de trabajo entre el gobierno central y los alcaldes del Cauca.
Estas reuniones, organizadas por el Departamento Nacional de Planeación y el Departamento de Prosperidad Social, junto con varios ministerios, tienen como objetivo desarrollar proyectos de infraestructura vital. Entre ellos, se encuentran la construcción de puestos de salud, centros educativos y mejoras en la red vial.
Este plan de infraestructura es parte de una estrategia más amplia para promover la sustitución de más de 15.000 hectáreas de cultivos de coca, localizados en áreas como el cañón del Micay y el municipio de Argelia, por actividades económicas legales y sostenibles.
