Argentina, Uruguay, Ecuador, Paraguay y Costa Rica emitieron un comunicado conjunto este jueves para condenar la decisión del gobierno venezolano de cesar las operaciones de la oficina técnica que asesora al Alto Comisionado para los DD. HH. de la ONU, a su vez que exigieron la liberación de la activista Rocío San Miguel.
En la misiva, los cinco gobiernos repudiaron “las recientes medidas contra la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela”.
Además de la suspensión de actividades, el Estado decidió expulsar de Venezuela a 13 funcionarios de la ONU.
Por otro lado, las cinco naciones reclamaron por “el respeto pleno de los derechos humanos, la vigencia del Estado de Derecho y la convocatoria de elecciones transparentes, libres, democráticas y competitivas sin proscripciones de ningún tipo”.
En la comunicación también enfatizaron su “profunda preocupación por la detención arbitraria de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel”.
En vista de esto, hicieron un “enérgico llamado a las autoridades venezolanas a liberarla de inmediato y deponer los cargos realizados”.
