Más de 50 organizaciones de la sociedad civil venezolana le enviaron este lunes una carta al secretario general de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, en la que le solicitan una “diplomacia más efectiva” y un cambio de enfoque en su actuación hacia Venezuela.
Las organizaciones le hicieron saber a Guterres que la ONU tiene la responsabilidad de “asegurar el máximo nivel de goce de derechos para todas las personas” y le manifestaron su descontento por la “tardanza” en atender a sus preocupaciones específicas sobre la crisis venezolana.
“Sus esfuerzos por asistir y proteger deben centrarse en la población, y deben promover la búsqueda de justicia para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Para alcanzar estas metas, se necesita una diplomacia efectiva y coordinada desde la organización”, indica la carta, que se enmarca en el 75 aniversario de la Declaración Universal de los DDHH.
“En falta” con el sistema de Naciones Unidas
Los firmantes de la carta, representantes de organizaciones defensoras de derechos fundamentales, señalaron que el Estado venezolano “está en falta” con el sistema de Naciones Unidas y con el acatamiento de sus compromisos internacionales. Además, cuestionaron que en espacios intergubernamentales se “difunda” la narrativa de que el Estado avanza en varios campos, entre ellos en una “mejora” de la situación humanitaria.
“La política de ‘ambigüedad constructiva’ que se ha adoptado en el trabajo de ONU en Venezuela, basada en la necesidad predominante de mantener relaciones amables con diferentes actores gubernamentales, ha comprometido la credibilidad de la información publicada, la independencia con la que la organización puede expresarse ante ciertas situaciones, e incluso el cumplimiento de mandato de algunos mecanismos”, prosigue el texto.
Para las oenegés, la participación del Estado en foros multilaterales, y la presencia de agencias de Naciones Unidas en el país, deberían intensificar el escrutinio en materia de estándares internacionales de DDHH y el cumplimiento “de buena fe” de las obligaciones.
Propuestas de las organizaciones a la ONU
Las organizaciones plantearon a Guterres las siguientes cinco propuestas:
- Procurar que la actuación de las distintas agencias y mecanismos sea complementaria, coherente y coordinada.
- Priorizar la atención humanitaria de la población en el terreno, y atender a la población migrante y refugiada venezolana
- Monitorear la situación de libertades democráticas y derechos humanos en el contexto electoral y pronunciarse oportunamente
- Velar por la protección del espacio cívico y denunciar las amenazas a personas defensoras, periodistas, disidencia política, liderazgos indígenas, gremiales, sindicales, estudiantiles, entre otros.
- Incorporar la importancia de la búsqueda de justicia en los pronunciamientos sobre la crisis venezolana.
Las diversas organizaciones que suscriben la carta recordaron a Guterres que los próximos dos años se perfilan como una oportunidad para la transformación pacífica del conflicto en el país, a propósito de la celebración de elecciones presidenciales en 2024 y la renovación de todos los cargos de elección popular en 2025.
Desde al menos el 2015, Venezuela vive una emergencia humanitaria compleja que ha provocado “masivas, múltiples y severas” privaciones de diversos derechos que se manifiestan en pobreza, hambre y colapso de servicios básicos, expone HumVenezuela, una plataforma integrada por 90 organizaciones de la sociedad civil que miden los impactos de la crisis.
El Gobierno venezolano ha atribuido la crisis en el país a las sanciones de la comunidad internacional, pero, aunque admiten que en algunos casos han tenido “efectos nocivos”, los especialistas coinciden en que la situación comenzó antes de la implementación de sanciones y es consecuencia de la “corrupción y el desmantelamiento de la institucionalidad democrática”.
La Sala de Cuestiones Preliminares autorizó en junio a la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) reanudar la investigación a Venezuela por crímenes de lesa humanidad, argumentando que el Estado venezolano “no está investigando o no ha investigado hechos delictivos” que puedan constituir este tipo de delitos.
Con información de VOA.
