El canciller de Venezuela, Yván Gil, en su participación de este miércoles ante la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya, reiteró que la solicitud para reanudar la investigación sobre supuestas violaciones de los Derechos Humanos en Venezuela tiene un claro objetivo político para atacar al país por crímenes de lesa humanidad que “nunca han ocurrido”.
El alto funcionario aseguró que “en Venezuela logramos evitar que tuviera éxito el plan de llevar al país a una guerra civil” y sostuvo que “existen 255 agentes del Estado imputados y 64 acusados”.
“De esto se desprende que la nación se han realizado las investigaciones de manera independiente. Lo que no puede pretenderse es que se construyan acusaciones infundadas para satisfacer intereses de actores externos e internos”, acusó el canciller venezolano.
Durante la segunda audiencia en la CPI, prevista para la solicitud de apelación presentada por Venezuela, Gil expresó que la intención de la investigación es construir una imagen errónea sobre la justicia en Venezuela.
“Se pretendió utilizar la institucionalidad de la CPI para atacar políticamente a Venezuela por una acusación de crímenes de lesa humanidad, que nunca ocurrieron. Eran los tiempos de Donald Trump y su estrategia de cambio de régimen, en la que todas las opciones estaban sobre la mesa”, aseveró.
30.000 informes
En función de esto, indicó que desde el extranjero se han promovido “acciones para atentar contra la estabilidad del país”, entre las que señaló “intentos de golpe de Estado e incluso el magnicidio frustrado contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros”.
“A lo largo de este proceso hemos compartido con la Fiscalía alrededor de 30.000 informes que dan cuenta del sostenido esfuerzo del Sistema de Justicia de Venezuela” por garantizar los derechos de los venezolanos, puntualizó Gil.
