El Gobierno de Venezuela anunció este viernes que tomará “todas las acciones jurídicas, diplomáticas y políticas” que considere necesarias ante el fallo “disparatado” del Tribunal General de la Unión Europea (Tgue) que respalda las sanciones impuestas por el bloque europeo al país sudamericano por la represión.
Así, el Ejecutivo de Nicolás Maduro rechazó categóricamente la sentencia, que considera un “adefesio jurídico” que viola el Derecho Internacional y muestra un “claro corte neocolonialista e imperial”.
En un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno venezolano acusó a la UE de “intervenir en asuntos internos y adoptar medidas coercitivas unilaterales” contra Venezuela, y de contradecir “siglos de jurisprudencia y doctrina pacífica” que han consolidado los principios de “la libre determinación y la no injerencia”.
Asimismo, exhortó a la UE a dejar “de una vez por todas” la “abominable soberbia que caracteriza sus relaciones con los pueblos que antes dominó por la fuerza y hoy pretende controlar y expoliar económicamente, instrumentalizando la justicia con fines políticos”.
El Tgue confirma las sanciones
El Tgue se pronunció sobre las sanciones a Venezuela el miércoles pasado, a raíz de un recurso presentado por el país caribeño, para defender su validez tanto en fondo como en forma. El tribunal argumentó que el Consejo Europeo se basó “en información fidedigna y fiable” para evaluar la situación en Venezuela, y que este país no demostró que los hechos invocados fueran inexactos.
En función de esto, el tribunal consideró que el Consejo podía determinar, “sin incurrir en error manifiesto de apreciación”, que “en Venezuela se estaban menoscabando la democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Humanos”, según los jueces.
Las sanciones de la UE a Venezuela incluyen un embargo de armas, la prohibición de exportar equipos que puedan usarse para la represión o el espionaje, la congelación de activos y la prohibición de viajar a 55 personas vinculadas al Gobierno de Maduro.
