Opositores y ONG exigen la libertad de Roland Carreño tras mil días de cárcel

Roland Carreño. / Foto: Archivo.

Roland Carreño, un comunicador social que formó parte del equipo del exlíder parlamentario Juan Guaidó, lleva más de 1.000 días tras las rejas por supuestamente “promover acciones violentas” contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro. Su caso ha generado el rechazo de la oposición y de diversas organizaciones no gubernamentales que exigen su liberación inmediata y el respeto a sus derechos.

El partido Voluntad Popular (VP), al que pertenece Carreño, denunció que el Estado lo “secuestró y encarceló por razones políticas, basándose en mentiras y falsas evidencias”. A través de un mensaje en Twitter, la agrupación política afirmó que “Roland es inocente y está preso por luchar por una Venezuela libre (…) 1.000 días en prisión injusta es inhumano”.

Un juicio “viciado”

Según VP, el proceso judicial contra Carreño “ha estado viciado, lleno de incongruencias y falsedades” y se ha postergado en varias oportunidades, lo que perjudica al acusado, quien enfrenta cargos de financiación al terrorismo, asociación para delinquir, conspiración contra la forma política y tráfico ilícito de armas de guerra.

La demanda de VP ha contado con el apoyo de numerosos opositores y varias ONG, entre las que se destaca la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia que pidió la libertad del periodista y el respeto al debido proceso, es decir, acabar con el retardo procesal.

“Estar preso es un auténtico tormento para el hombre, estar preso en Venezuela es un verdadero suplicio, pero estar preso en Venezuela siendo absolutamente inocente es una pesadilla indescriptible”, manifestó la organización, citando una declaración de Carreño.

Por su parte, el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) reiteró que el periodista ha sido “injustamente privado de libertad” y “no merece estar preso”. “Su injusta privación de libertad y las irregularidades en su causa penal evidencian el incumplimiento de las garantías al debido proceso y el funcionamiento de las instituciones públicas al servicio del poder”, agregó la entidad, que defiende la libertad de expresión y el trabajo de los comunicadores sociales en el país.

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