El Gobierno de Nicolás Maduro acusó el martes al exministro de Petróleo, Rafael Ramírez, de presuntamente haberse robado 4.850 millones de dólares a través de una línea de crédito fraudulenta con la que la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) hizo 28 pagos a dos fondos en el exterior sin haber recibido nunca préstamo alguno.
En una rueda de prensa transmitida por Venezolana de Televisión (VTV), el actual monitor de Petróleo, Tareck El Aissami, afirmó que Ramírez firmó un contrato de financiamiento con la ‘Administradora Atlantic’ en el primer trimestre de 2012, cuando lideraba la cartera energética y Pdvsa, bajo el Gobierno de Hugo Chávez (1999-2013).
El Aissami detalló que el exministro aprobó el préstamo por 17.490 millones de bolívares y Pdvsa comenzó a pagar en marzo de 2012 las cuotas con desembolsos a dos fondos en Panamá y San Vicente y las Granadinas.
“No existe registro alguno de entrada de ese dinero a las cuentas de Pdvsa”, remarcó el funcionario que, en cambio, acusó a los venezolanos Luis e Ignacio Oberto Anselmi de haber recibido los pagos en los fondos extranjeros.
Posteriormente, prosiguió, transfirieron parte de ese capital a un familiar del opositor Leopoldo López, radicado en Madrid luego de huir de Venezuela.
Orden de captura internacional
El Aissami hizo las declaraciones después de sostener una reunión privada con el fiscal general, Tarek William Saab, a quien entregó, dijo, pruebas y “copias certificadas” de esta trama.
En este sentido, el ministro pidió a la Fiscalía una investigación exhaustiva y que tramite una orden de captura internacional contra Ramírez, a quien acusó de ser el “principal autor intelectual y material de esta operación, de este mega robo a la industria petrolera venezolana”.
Después de dejar el cargo en 2013, Ramírez pasó a ser embajador de Venezuela ante la ONU bajo el Gobierno de Nicolás Maduro, pero fue sustituido y posteriormente le dio la espalda al mandatario.
En julio de 2020, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) solicitó a Italia su extradición para someterlo a un proceso penal por la presunta comisión de los delitos de “peculado doloso propio, evasión de procedimiento licitatorio y asociación (para delinquir).
