El Gobierno de Estados Unidos anunció un cambio histórico en su política de uso de las minas antipersona, de tal manera que prohibirá la fabricación y la utilización de estos equipos en prácticamente todo el mundo, con la única excepción de la península de Corea.
Con este cambio, Washington asume finalmente el “impacto desproporcionado” que este tipo de armamento tiene sobre la población civil, algo que habría quedado de manifiesto en la “brutal” invasión lanzada por Rusia sobre Ucrania.
El paso anunciado este martes implica alinear a Estados Unidos con algunas de las principales reclamaciones de la Convención de Ottawa, el tratado que prohíbe el uso, almacenamiento, traslado y producción de las minas antipersona y que cuenta ya con 160 países firmantes.
La medida, no obstante, contempla excepciones, ya que las actividades en la península de Corea permanecerán invariables dadas sus “circunstancias únicas” —no se destruirá tampoco el arsenal requerido por las fuerzas surcoreanas—. También permitirá la exportación y el traslado de estos equipos “cuando sea necesario para actividades relativas a la detección y la retirada de minas”.
En este sentido, las autoridades norteamericanas se comprometen a intensificar sus trabajos de desminado y la atención a las víctimas. La Casa Blanca recordó que, desde 1993, Estados Unidos ha proporcionado ayudas por valor de 4.200 millones de dólares (USD) a más de un centenar de países para tareas de destrucción.
La Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersona ha denunciado en estos últimos años una tendencia preocupante en cuanto al uso de este tipo de armas, que no solo suponen una amenaza inmediata sino también a medio y largo plazo, en la medida en que quedan abandonadas.
Las minas y los restos de explosivos dejaron en 2020 al menos 7.073 muertos y heridos en 54 países y territorios. Al menos la mitad de estas víctimas eran niños.
