Un juez federal de Estados Unidos dictaminó este martes que el Gobierno del entonces presidente Donald Trump actuó de manera inconstitucional al desmantelar la Agencia Estadounidense para los Medios Globales (Usagm), organismo que financia al medio internacional Voice of America (VOA), con más de ocho décadas de trayectoria informativa.
La sentencia fue emitida por el magistrado Royce Lamberth, del tribunal del Distrito de Columbia, quien ordenó al Ejecutivo norteamericano restaurar de inmediato las operaciones y servicios de VOA, así como el reintegro de empleados y contratistas despedidos. Además, instruyó la reactivación del financiamiento para otras plataformas informativas vinculadas a Usagm, como Radio Free Asia y Middle East Broadcasting Networks.
En su fallo de 37 páginas, el juez calificó las acciones del gobierno como “arbitrarias y caprichosas”, subrayando que se trató de una “afrenta directa al poder legislativo” al negarse a ejecutar los fondos de acuerdo con lo establecido por el Congreso. “La renuencia del gobierno a gastar fondos de acuerdo con las leyes de asignaciones del Congreso constituye una afrenta directa al poder legislativo”, enfatizó.
Lamberth también ordenó que la programación de VOA sea restituida y que todas las funciones esenciales de la agencia se reactiven de forma inmediata, con el fin de que los medios afiliados puedan “ofrecer noticias consistentemente confiables, fidedignas, precisas, objetivas y completas”, según precisa la sentencia judicial.
Voice of America, una institución clave del sistema de radiodifusión internacional de Estados Unidos, contaba con un presupuesto anual aproximado de 270 millones de dólares, más de 2.000 trabajadores y una audiencia semanal que superaba los 361 millones de personas. Sus contenidos eran difundidos en 49 idiomas, de acuerdo con cifras divulgadas por The New York Times.
El presidente Trump mantuvo una postura crítica hacia esta agencia durante todo su primer mandato (2017–2021) y en marzo del año pasado firmó una orden ejecutiva orientada a desmantelar organismos que, a su juicio, no tenían base legal. Dicha orden solicitaba a los directores de agencias eliminar “todas las funciones que no estén legalmente establecidas” y reducir “el desempeño de sus funciones estatutarias y el personal asociado al mínimo requerido por la ley”.
“El presidente ha determinado que son innecesarios”, sostenía el documento firmado el 14 de marzo por Trump, refiriéndose a lo que consideraba elementos redundantes dentro de la burocracia federal.
El juez Lamberth, no obstante, determinó que incluso esa orden fue malinterpretada por la administración. “Tomaron medidas inmediatas y drásticas para recortar drásticamente… Sin considerar sus funciones legales o constitucionales, tal como lo exige el lenguaje claro de la Orden Ejecutiva, y sin considerar el daño infligido a empleados, contratistas, periodistas y consumidores de medios de comunicación de todo el mundo”, concluyó el juez en su dictamen.
Con información de EFE.
