Un fallo emitido este martes por una jueza federal en Colorado (Estados Unidos) impidió la deportación de aproximadamente un centenar de migrantes venezolanos que se encontraban detenidos en ese estado, luego de que se determinara que dos de ellos no podían ser expulsados sin antes contar con una revisión individual de sus casos o una audiencia ante un juez de inmigración.
La decisión fue tomada por la jueza Charlotte N. Sweeney, quien falló en favor de la Unión Americana de Libertades Civiles (Aclu, por sus siglas en inglés), organización que representa legalmente a los dos ciudadanos venezolanos implicados, de 25 y 32 años, cuyos nombres no fueron divulgados por razones de seguridad.
Este fallo afectó directamente una operación planificada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), que buscaba deportar a cerca de 100 hombres venezolanos que permanecían detenidos en el centro de reclusión administrado por la empresa privada GEO, ubicado en la ciudad de Aurora, al este del área metropolitana de Denver.
La abogada Laura Lunn, representante de la Red de Defensa de los Inmigrantes de las Montañas Rocosas, celebró el fallo judicial y expresó: “Por primera vez en meses podemos respirar aliviados”. Añadió además: “Nuestra comunidad ha sido atacada de manera desproporcionada por el Departamento de Seguridad Nacional y ya hemos perdido a demasiados vecinos, padres, parejas y amigos por esta anarquía”.
Durante la audiencia celebrada el lunes, los representantes legales del Gobierno estadounidense argumentaron que imponer restricciones judiciales a las deportaciones interferiría con la autoridad federal para aplicar la ley migratoria, en particular para “arrestar, detener y expulsar a extranjeros que se encuentran ilegalmente en el país y que puedan representar un peligro para la sociedad”.
Sin embargo, la jueza Sweeney desestimó tales alegatos. En su decisión, concluyó que la Aclu había presentado pruebas suficientes para demostrar que los migrantes en cuestión “corren el riesgo de ser deportados, quizás injustamente” y que “sufrirían daños irreparables” si fueran enviados a El Salvador sin garantías procesales.
Los documentos judiciales revelaron que ambos ciudadanos venezolanos ingresaron a Estados Unidos desde México por la frontera de Texas “hace algunos años”, siguiendo un patrón similar al de unos 40.000 venezolanos que llegaron a Colorado entre 2022 y 2024.
«Sufrirían daños irreparables»
En su fallo, la jueza prohibió al Gobierno federal trasladar a los dos hombres fuera de Colorado, específicamente a El Salvador, y subrayó que, de realizarse eventualmente un traslado, tanto ellos como otros venezolanos en situación similar debían tener la oportunidad de solicitar una revisión judicial de sus casos y recibir información legal “en un idioma que entiendan”, es decir, en español.
La jueza también concluyó que los representados por la Aclu probablemente “sufrirían daños irreparables en ausencia de una medida cautelar”, razón por la cual concedió la orden judicial a favor de la organización defensora de los derechos civiles “en beneficio del interés público”.
Otro aspecto abordado durante el proceso fue el posible uso de la Ley de Enemigos Extranjeros como fundamento para justificar las deportaciones. Aunque este punto fue planteado, los abogados del Gobierno aseguraron ante la jueza que dicha ley no estaba siendo aplicada en este caso específico.
La abogada Lunn también aclaró que el objetivo principal de la demanda no era obtener la liberación de los migrantes ni una concesión de asilo, sino asegurar que se respetaran sus derechos fundamentales. “La demanda a favor de los venezolanos no pide que queden en libertad o que se les conceda asilo, sino que se garantice su derecho al debido proceso ante un juez”, afirmó.
Con información de EFE.
