El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó este jueves sobre el inicio de una investigación penal contra los responsables de la plataforma de inversión HV IJEX, señalados por su presunta implicación en un esquema fraudulento que habría perjudicado económicamente a numerosos usuarios.
A través de una publicación en la red social Instagram, Saab explicó que “dicho sistema de inversión fue estructurado como un esquema Ponzi y posteriormente fue desconectado, generando un daño patrimonial a multiplicidad de víctimas que realizaron inversiones en criptomonedas”.
El despacho asignado para conducir las averiguaciones es la Fiscalía 24 nacional, con competencia en delitos comunes. Hasta el momento, el Ministerio Público no ha precisado el número de personas afectadas ni el monto estimado del “daño patrimonial” ocasionado.
Criptomonedas y fraude en el contexto venezolano
Venezuela se ha convertido en uno de los países latinoamericanos con mayor adopción de criptomonedas, ubicándose en el puesto 13 del ranking mundial elaborado por la firma especializada en análisis de blockchain Chainalysis. En la región, solo es superada por Brasil, que ocupa el décimo lugar.
De acuerdo con Chainalysis, muchos venezolanos utilizan estos activos digitales como una alternativa para proteger sus finanzas en medio de la inestabilidad económica. Esta tendencia ha contribuido tanto al auge de iniciativas legítimas como a la proliferación de esquemas fraudulentos.
En 2023, el ecosistema de criptoactivos en Venezuela sufrió un duro golpe cuando el gobierno anunció una reestructuración de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), tras destaparse una red de corrupción que derivó en la detención de 67 personas. Entre los arrestados se encontraron altos funcionarios como Tareck El Aissami, entonces ministro de Petróleo, y Joselit Ramírez, quien encabezaba la Sunacrip.
El Aissami fue uno de los principales impulsores del ‘petro’, la criptomoneda oficial promovida por el Ejecutivo nacional durante el tercer mandato de Nicolás Maduro, iniciado tras una reelección ampliamente cuestionada a fines de 2017. Este activo digital, que fue respaldado en su momento por recursos como petróleo, oro, hierro y diamantes, tuvo usos oficiales para el pago de pensiones, trámites públicos y venta de gasolina subsidiada, pero en la actualidad se encuentra prácticamente fuera de circulación.
Con información de SWI swissinfo.ch / EFE.
