Rocío San Miguel y su exesposo cumplen 1 año encarcelados

Rocía San Miguel es fundadora de Control Ciudadano, una organización que monitorea las actividades del componente armado venezolano

La defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, fundadora de la ONG Control Ciudadano, cumple un año encarcelada este 9 de febrero, al igual que su exesposo Alejandro González.

San Miguel fue detenida el 9 de febrero de 2024 al momento de abordar un vuelo en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, junto a su hija Miranda, quien posteriormente fue liberada.

Provea recuerda que la activista «fue víctima de desaparición forzada por más de 3 días», ya que se desconoció de su paradero hasta el 12 de febrero cuando fue presentada en el Tribunal 2º Contra Terrorismo en Caracas, sin haber designado a sus abogados de confianza.

De igual manera, el gobierno venezolano detuvo para entonces al padre y dos hermanos de la abogada, así como a su expareja. Mientras que el progenitor y los hermanos de la activista fueron puestos en libertad, su exesposo sigue en prisión.

San Miguel está recluida en El Helicoide y diversas organizaciones no gubernamentales han denunciado que allí ha sido agredida, ya que se sabe que tiene una fractura en el hombro derecho, la cual no tenía al momento de ser detenida.

Por esta lesión, la activista requiere una cirugía, pero no se le ha permitido recibir la asistencia medica necesaria.

El gobierno acusa a San Miguel de «terrorismo» y «traición a la patria». Hasta la fecha, no se ha permitido que sus abogados de confianza se hagan cargo de la defensa. Cabe recordar que la abogada y también profesora es fundadora de Control Ciudadano, una organización dedicada a monitorear las actividades de las Fuerzas Armadas de Venezuela.

Víctima de la «Lista Tascón»

En otro orden de ideas, cabe recordar que Rocío San Miguel es una de las víctimas de la llamada «Lista Tascón», en la cual, por orden de Hugo Chávez, el diputado Luis Tascón publicó en internet los números de cédula de las personas que firmaron para impulsar el referendo revocatorio de 2024.

Dicha lista se utilizó para despedir a los firmantes que trabajaban en instituciones del Estado. De este modo, Rocío San Miguel Sosa, Magally Chang Girón y Thais Coromoto Peña presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), argumentando que José Vicente Rangel, para entonces vicepresidente del país, había ordenado su despido del Consejo Nacional de Fronteras por haber firmado a favor del referendo.

La CIDH falló a favor de las denunciantes y condenó al Estado venezolano por desviación de poder y la discriminación política.

Además, San Miguel y su hija Miranda tienen medidas cauterales de la CIDH desde 2012, debido a que durante años han «venido siendo objeto de hostigamientos y amenazas, incluyendo amenazas de muerte proferidas en su domicilio, en razón de las actividades que desarrolla como parte de la organización no gubernamental Control Ciudadano».

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