La organización no gubernamental venezolana Provea solicitó al gobierno de Nicolás Maduro que autorice una intervención médica a Rocío San Miguel, quien se encuentra detenida en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide.
De acuerdo con una publicación en sus redes sociales, la ONG señaló que la activista necesita ser operada urgentemente, por personal médico de confianza, de fractura en el hombro derecho.
Provea enfatizó que la presidenta de la ONG Control Ciudadano «no debería ser sometida a cirugía en un lugar con antecedentes de tortura y sin garantías para su integridad física”.
Asimismo, añadió que las condiciones de su reclusión para un posoperatorio y una rehabilitación no son dignas, reseña El Nacional.
El abogado de San Miguel, Juan González Taguaruco, reveló en diciembre a la agencia de noticias EFE que la especialista en temas militares «fue diagnosticada cuatro meses después» del accidente.
«Ella tiene derecho a médicos de su confianza, no a un sistema que le niega una atención efectiva y oportuna”, afirmó Provea.
«Hoy el gobierno de Maduro la acusa de ‘terrorismo’ y ‘traición a la patria’ debido a su labor como defensora en Control Ciudadano, donde Rocío documentaba, investigaba e informaba sobre temas relacionados con defensa y soberanía nacional”, destacó Provea, además de solicitar respeto por el debido proceso.
San Miguel fue detenida el 9 de febrero de 2024 en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, mientras se preparaba para viajar con su hija.
La Fiscalía venezolana la acusó de tener supuesto vínculo con un plan conspirativo que incluía intento de magnicidio contra Nicolás Maduro.
Con información de Versión Final.
