Unión Europea sanciona a 15 funcionarios de Venezuela

Unión Europea

El Consejo de la Unión Europea emitió un nuevo paquete de sanciones en contra de 15 funcionarios del Estado venezolano por «socavar la democracia y el Estado de derecho«, con relación a las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Nicolás Maduro, pero la comunidad internacional no reconoce los resultados y denuncia que se cometió un «fraude»

La Unión Europea argumenta: «A la luz de los recientes acontecimientos ocurridos en Venezuela y de la falta de avances hacia un diálogo liderado por Venezuela que conduzca a la restauración de la democracia y del Estado de Derecho, y teniendo en cuenta la grave y persistente situación de los derechos humanos en el país, el Consejo considera que deben incluirse a 15 personas en la lista de personas físicas y jurídicas, entidades y organismos sujetos a medidas restrictivas».

La nueva lista de sancionados incluye a cuatro miembros del Tribunal Supremo de Justicia, por avalar la supuesta victoria de Nicolás Maduro «sin divulgar los datos detallados de la votación en los que se basaba su sentencia y a pesar de las irregularidades en la gestión del proceso electoral por parte del CNE.

También fueron sometidos a medidas restrictivas cuatro funcionarios del CNE, dos del Ministerio Público, dos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar (Sebin), uno del la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), 1 de la Dirección General de contrainteligencia Militar (Dgcim) y uno del Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas (Ceofanb).

4 sancionados del TSJ

Por el TSJ, la sancionada más relevante es la presidenta del organismo Caryslia Rodríguez, quien según la UE, «es responsable de declarar incontestable la proclamada victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, aunque el TSJ no divulgó los datos detallados de la votación en los que se basaba su sentencia y a pesar de las irregularidades en la gestión del proceso electoral por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Además, la UE añade que Rodríguez «también es responsable de interferir en las elecciones primarias de la oposición, obstaculizando así la preparación de la oposición de cara a las elecciones presidenciales de julio de 2024. Por lo tanto, las acciones de Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez han socavado la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela».

De igual forma, la UE sancionó a Fanny Márquez Cordero, vicepresidenta del TSJ, e Inocencio Figueroa, magistrado de la Sala Constitucional. Ellos son acusados de «participar en la certificación, por parte del TSJ, de la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, aunque el tribunal no divulgó los datos detallados de la votación en los que se basaba su sentencia y a pesar de las irregularidades en la gestión del proceso electoral por parte del CNE. Por lo tanto, sus acciones han socavado la democracia».

Asimismo, Malaquías Gil, presidente de la Sala Político Administrativa, fue incluido en la lista de sancionados por  «participar en la decisión que tomó la Sala en enero de 2024 de excluir a María Corina Machado, líder de la oposición, como candidata a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024«

4 nuevos sancionados del CNE

Por su parte, por el CNE fue sancionado Antonio José Meneses, secretario general de la institución, porque «causó retrasos en los procesos de los centros electorales y prohibió aceptar mensajes de la oposición dirigidos al CNE que revelaban irregularidades. Antes de asumir sus funciones en el CNE, firmó un documento de la Superintendencia de Auditoría en el que confirmaba la suspensión de los derechos electorales de María Corina Machado, líder de la oposición».

También fue sancionado Carlos Quintero, rector principal y vicepresidente del CNE. La UE afirma que él «estuvo plenamente implicado en el proceso de toma de decisiones del CNE, lo que obstaculizó un proceso electoral transparente y la publicación de unos resultados electorales exactos y, por tanto, tuvo un papel crucial en la gestión de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024″.

    Otro de los funcionarios sancionados es Conrado Pérez, rector principal del CNE. Sobre su caso, la UE explica que «se incorporó al CNE como rector suplente y miembro de la Junta Nacional Electoral del CNE en agosto de 2023».

    «En su calidad de rector suplente y miembro de la Junta Nacional Electoral del CNE, Conrado Ramón Pérez Briceño participó en las decisiones que tomó el CNE en relación con la gestión del proceso electoral, lo que obstaculizó un proceso electoral transparente y la publicación de unos resultados electorales exactos y, por tanto, tuvo un papel crucial en la gestión de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024», señala la UE.

    Del mismo modo, La UE sancionó a la rectora principal Rosalba Gil por ser partícipe de la obstaculización de transparencia durante el proceso electoral presidencial y por evitar la publicación de actas.

    7 sancionados de otros organismos

    La lista de nuevos sancionados también incluye a Luis Ernesto Dueñez, fiscal auxiliar del Ministerio Público. La UE lo acusa de usar su posición para «perseguir judicialmente por motivos políticos a Edmundo González Urrutia, candidato presidencial de la oposición democrática».

    Otro sancionado es Edward Miguel Briceño, juez especial del Tribunal Primero de Primera Instancia de Venezuela, con competencia en causas vinculadas a delitos asociados al terrorismo, y para conocer de delitos asociados a la corrupción y la delincuencia organizada.

    «En calidad de tal, Edward Miguel Briceño Cisneros emitió una orden de detención el 2 de septiembre de 2024 contra Edmundo González Urrutia, candidato presidencial de la oposición democrática», indica la UE.

    Por su parte, el director del Sebin, Alexis José Rodríguez Cabello, fue sometido a medidas restrictivas porque el cuerpo policial «ha estado implicado en graves violaciones de los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y la represión de la oposición democrática en Venezuela».

    «En calidad de director del Sebin, Alexis José Rodríguez Cabello es responsable de violaciones y abusos graves de los derechos humanos y de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Venezuela», expuso la UE.

    También acusa al director adjunto del Sebin, Miguel Antonio Muñoz de supervisar «actos de detención arbitraria, torturas y tratos crueles e inhumanos, entre ellos la violencia sexual, en el centro de detención El Helicoide».

    «En su calidad de director adjunto del Sebin, Miguel Antonio Muñoz Palacios es responsable de graves violaciones de los derechos humanos, entre ellas, detenciones arbitrarias, tratos inhumanos y degradantes y torturas, y de la represión de la sociedad civil y de la oposición democrática en Venezuela», señala la UE sobre Muñoz.

    Mientras tanto, el comandante de la GNB, Elio Ramón Estrada es acusado por la UE de «participar en graves violaciones de los derechos humanos, como detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles e inhumanos, así como en la represión de la sociedad civil y de la oposición democrática en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024».

    Además, «antes de su nombramiento como comandante de la GNB en julio de 2023, Elio Ramón Estrada Paredes dirigió la Policía Nacional Bolivariana (PNB), de mayo de 2019 a julio de 2023, y supervisó las operaciones que provocaron violaciones de los derechos humanos».

    Asdrúbal José Brito, director del Departamento de Investigaciones y Criminalísticas, (DEIPC) de la Dgcim, también ingresó a la lista de sancionados de la UE porque «se se encarga de llevar a cabo investigaciones y obtener pruebas contra disidentes y opositores, así como de elaborar expedientes con información sobre posibles objetivos. También lleva a cabo detenciones de esos objetivos y dirige los interrogatorios de los detenidos en Boleíta, sede de la Dgcim y lugar en el que se sabe que se ha cometido un número especialmente elevado de violaciones de los derechos humanos y de delitos, especialmente torturas».

    El último sancionado es Domingo Hernández Lárez, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), a quien la UE acusa de estar implicado en «violaciones de derechos humanos fundamentales durante la represión de protestas pacíficas que se celebraron tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024″.

    «En su calidad de comandante estratégico operacional de la Fanb, Domingo Antonio Hernández Lárez es responsable de la integración, la planificación, la programación, la dirección, la ejecución, la supervisión, el mando y el control estratégico operacional de las operaciones de seguridad. A través de su cadena de mando directa, es responsable de las violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de la Fanb, entre ellas asesinatos, detenciones arbitrarias y represión de la oposición», indica la UE.

    Previous Article

    "Preso post-electoral" José Ruben Rubio sufrió un infarto en Tocuyito

    Next Article

    Maduro jura ante la Asamblea Nacional como presidente para el período 2025-2031

    Related Posts