La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un extenso informe titulado «Venezuela: Graves violaciones a los Derechos Humanos en el Contexto Electoral», en el que señala que, entre otras cosas, «la opacidad electoral y, en general, las restricciones a los derechos políticos impiden a la Comisión considerar que la reelección de Nicolás Maduro goza de legitimidad democrática».
El informe señala que «aborda las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos, observadas por CIDH a lo largo del proceso electoral que tuvo lugar el 2024 en Venezuela».
En primer término menciona que «antes, durante y después de la elección presidencial del 28 de julio, el régimen implementó una estrategia represiva coordinada, con tres etapas, para perpetuarse ilegítimamente en el poder. En el marco de esta estrategia, se ejecutaron prácticas de terrorismo de Estado que tuvieron como propósito impedir la participación política de la oposición, obstaculizar el desarrollo de una contienda electoral libre, justa, competitiva y transparente, y sembrar terror en la ciudadanía».
La Comisión añade que esas acciones se llevaron a cabo gracias a «la cooptación de los distintos poderes del Estado».
Según el organismo, la primera étapa de la estrategia del gobierno de Nicolás Maduro se desarrollo en el período preelectoral, cuando el objetivo fue «impedir la participación política de la oposición, lo que constituyó una violación a su derecho a la igualdad de oportunidades para postularse y hacer campaña sin restricciones arbitrarias ni discriminatorias».
«El Estado recurrió al poder de instituciones como la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y las fuerzas de seguridad para llevar a cabo detenciones arbitrarias de personas opositoras, defensoras de derechos humanos y con liderazgo social bajo acusaciones vagas. Además, se registraron actos de hostigamiento, persecución e inhabilitación contra personas opositoras o percibidas como tales, así como el retiro de misiones internacionales de observación electoral. Por otro lado, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) impuso severas restricciones a la libertad de prensa, mientras que el Consejo Nacional Electoral (CNE) estableció obstáculos que negaron el derecho al voto en el extranjero, afectando a cerca de 5 millones de personas venezolanas», indica el informe.
Además, indica que la segunda etapa tuvo lugar el 28 de julio, día de la elección presidencial, cuando el gobierno desplegó una «estrategia destinada a manipular los resultados para proclamar como ganador a Nicolás Maduro sin ningún tipo de transparencia».
«Con este propósito, el CNE detuvo la transmisión de datos bajo el pretexto de un supuesto ciberataque. Asimismo, suspendió la realización de auditorías al proceso electoral y se negó a publicar las actas de votación que respaldaban los resultados anunciados. Anticipando un fraude electoral, la oposición recopiló más del 80% de las actas digitalizadas a nivel nacional, con el objetivo de asegurar transparencia y credibilidad de los resultados de la contienda. La totalización de los votos contenidos en estas actas daría la victoria al candidato opositor Edmundo González Urrutia, con un 67% de los sufragios», dice el documento.
La Comisión añade que «la percepción de fraude» desencadenó en más de 300 manifestaciones, donde los participantes fueron mayormente hombres jóvenes en situación de pobreza.
«En respuesta, el régimen implementó una tercera etapa de represión sistemática,
incrementando el terror como herramienta de control social. Las autoridades movilizaron grupos de civiles de choque contra las manifestaciones y lanzaron la ‘Operación Tun Tun’, aludiendo al sonido característico de agentes tocando puertas antes de realizar detenciones. Esta operación dejó al menos 25 asesinatos, decenas de desapariciones forzadas breves, unas 2.000 detenciones arbitrarias -incluyendo niñas, niños y adolescentes-, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y graves violaciones a las garantías judiciales y la libertad de expresión. Además, se emplearon tácticas como detenciones masivas, allanamientos sin orden judicial, marcación de viviendas opositoras, redadas en barrios populares y cancelación abrupta de pasaportes«, señala el texto.
Y agrega: «La crisis política y derechos humanos en Venezuela es el resultado de la cooptación total de las instituciones estatales por parte de un régimen que busca sobre todo mantenerse ilegítimamente en el poder. El control de las instituciones diseñadas para promover y proteger los derechos humanos y la democracia, junto con la corrupción a gran escala para el recaudo de rentas lícitas e ilícitas, han sido fundamentales para garantizar el actuar impune de las fuerzas de seguridad«.
El informe concluyó que ante todas esas circunstancias mencionadas «configuran una alteración del orden constitucional».
«La opacidad electoral, y en general, las restricciones a los derechos políticos registradas en este documento impiden a esta Comisión considerar que la reelección de Nicolás Maduro goza de legitimidad democrática. El informe también concluye que la represión llevada a cabo por el Estado incluyó prácticas de terrorismo de Estado dirigidas a infundir terror en la ciudadanía y silenciar voces disidentes», indica.
