La Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre Venezuela instó a las autoridades que detentan el poder en el país a «respetar los derechos a la vida, la libertad y la seguridad personal de todos los venezolanos y liberar a todas aquellas personas que han sido detenidas arbitrariamente«, en el contexto del conteo regresivo para la toma de posesión presidencial, prevista para el 10 de enero.
«Hacemos un fuerte llamado a las autoridades para que los derechos a manifestarse y a expresarse libremente puedan ser ejercidos sin miedo a posibles represalias. Recordamos que los cuerpos de seguridad responsables del mantenimiento del orden público deben comportarse con los más estrictos estándares internacionales en materia del uso de la fuerza», dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión.
Y añadió: «Toda conducta violatoria de derechos debe ser investigadas de manera pronta, exhaustiva e imparcial y juzgadas por tribunales independientes con pleno respeto al debido proceso».
Asimismo, la Misión señaló que en su informe más reciente, presentado al Consejo de Derechos Humanos, se documentó «la violenta represión contra la población que protestaba tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, que calificó como una de las crisis de derechos humanos más agudas de la historia reciente del país».
«Según ha determinado la Misión, el aparato represor sigue plenamente operativo«, dijo Francisco Cox, Experto de la Misión, quien precisó que entre agosto y diciembre de 2024, el gobierno detuvo a al menos 56 activistas de partidos de la oposición, 10 periodistas y una defensora de derechos humanos.
«Tanto quienes ordenen detenciones arbitrarias y la imposición de torturas u otros malos tratos como quienes las ejecuten, son responsables penalmente de forma individual», advirtió la Misión.
«Presos políticos»
Asimismo, la Misión indicó que a finales de diciembre de 2024, el Ministerio Público informó que 1.369 personas, de las más de 2.500 detenidas durante la represión postelectoral, según fuentes oficiales, habían sido excarceladas después de la revisión de sus casos.
«Estos datos, sin embargo, no han podido ser corroborados. De acuerdo con los últimos datos de la organización no gubernamental Foro Penal, 1.849 personas permanecen actualmente en prisión por motivos políticos sometidas a irregularidades y restricciones múltiples que afectan su alimentación, su salud y el acceso a las garantías procesales indispensables en los procesos que se iniciaron contra ellas», señaló la Misión. En este punto, es importante aclarar que el informe de la Misión se basó en el balance divulgado por por el Foro Penal el 26 de diciembre. No obstante, el 31 de diciembre, esta ONG actualizó el resgistro que se ubicó en 1.794 presos políticos.
La Misión también señaló que «cada día se suman personas capturadas y se cuentan en centenares quienes todavía permanecen en prisión sometidas a condiciones indignas, actos de tortura, así como a tratos inhumanos, crueles y degradantes».
«Las personas excarceladas, incluidos niños y niñas, permanecen sometidas a medidas cautelares y a procesos por delitos graves, como terrorismo o traición a la patria. La persecución a las personas opositoras o a quienes el gobierno considera como tales, no sólo no se ha detenido, sino que ha tomado la forma de un ataque sistemático a la libertad de quienes piensan distinto», afirmó Patricia Tappatá, Experta de la Misión.
