La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela afirmó este martes que existen motivos razonables para creer que el gobierno de Nicolás Maduro ha incurrido en “crímenes de lesa humanidad” antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, caracterizadas por la persecución de opositores y la represión de las protestas posteriores.
En un informe de 158 páginas, que cubre el período del 1 de septiembre de 2023 al 31 de agosto de 2024, la misión acusa tanto a las fuerzas de seguridad como a grupos armados civiles pro-gubernamentales de cometer asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, y violencia sexual y de género.
El papel de las fuerzas de seguridad
Según el informe, las fuerzas de seguridad estuvieron “involucradas masivamente” en violaciones de derechos humanos, como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza para reprimir manifestaciones y tratos crueles y degradantes. Entre los señalados, destacan los servicios de inteligencia civil (Sevin) y militar (Dgcim), así como la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional.
El documento también subraya que “las declaraciones de las máximas autoridades del Estado, sobre todo después del 28 de julio, incitaron a la represión y contribuyeron a generar un clima de hostilidad y violencia”.
Otras instituciones mencionadas en el informe incluyen al Consejo Nacional Electoral (CNE), que “incumplió las medidas básicas de transparencia e integridad”, la Asamblea Nacional, “instrumental en la aprobación de nuevas leyes contrarias a los derechos humanos y restrictivas del espacio cívico y democrático”, y el sistema judicial, que “siguió operando con falta de independencia”.
Aunque informes previos de la misión, creada en 2019, ya habían acusado al Estado venezolano de graves violaciones de derechos humanos, el nuevo reporte destaca que el perfil de las víctimas de la represión “se amplió de manera significativa” durante el período electoral, afectando no solo a líderes de la oposición y sociales.
En este contexto, el documento menciona que los abusos también afectaron a “ciudadanos comunes, simplemente por demostrar su desacuerdo con el Gobierno o con los resultados de las elecciones presidenciales anunciados por las autoridades”.
Antes y después del 28J
La misión, presidida por la jurista portuguesa Marta Valiñas, subraya que en los diez meses previos a los comicios al menos 48 personas fueron arrestadas en relación con conspiraciones atribuidas al gobierno de Maduro. Muchos de estos arrestos ocurrieron en el marco de la denominada Operación Brazalete Blanco, y durante la campaña electoral se registraron otras 121 detenciones por colaborar en actividades de la oposición.
Este tipo de campañas “sirvieron de justificación para la represión selectiva de militares, políticos y activistas de la sociedad civil”, destacó el informe del grupo de expertos, compuesto por Valiñas, el chileno Francisco Cox y la argentina Patricia Tappatá.
Después de las elecciones, la represión se intensificó, con las autoridades llevando a cabo lo que el informe describe como una “campaña de detenciones masivas e indiscriminadas sin precedente”. El número de arrestos, que pudo contarse por miles, fue “solo comparable con las protestas de 2014, 2017 y 2019”, concluye el informe.
Con información de EFE.
