El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Venezuela firmó un convenio con la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (Sudeaseg) con el propósito de reforzar las investigaciones relacionadas con delitos como el financiamiento al “terrorismo” y el lavado de dinero.
Este acuerdo, según un boletín publicado por el director del Cicpc, Douglas Rico, en su cuenta de Instagram, “permitirá (a las autoridades) asesorar, recomendar y cooperar en investigaciones de delitos como legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva“.
El documento resalta que se busca “estrechar lazos interinstitucionales” y “unir esfuerzos para alcanzar objetivos de interés común”, con el fin de abordar de manera conjunta estas problemáticas y “así minimizar la proliferación” de estos delitos.
Este acuerdo se da en un contexto en el que las acusaciones de “terrorismo” han incrementado, especialmente después de las elecciones presidenciales del 28 de julio. En esos comicios, cuyo resultado oficial declaró vencedor a Nicolás Maduro, la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), ha denunciado fraude.
La ONG Foro Penal, que se dedica a la defensa de los llamados presos políticos en el país, reportó que aproximadamente 1.500 personas fueron detenidas en el marco del periodo poselectoral, muchas de ellas acusadas de “terrorismo” por su participación en las protestas contra los resultados electorales.
Además, tanto la Fiscalía como el Gobierno han calificado de “terrorista” al candidato presidencial de la PUD, Edmundo González Urrutia, quien sigue afirmando que ganó las elecciones. Esta afirmación ha sido respaldada por varios países, mientras que Maduro cuenta con el apoyo de todas las instituciones estatales, incluyendo la Fuerza Armada Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia, que ratificó su reelección, a pesar de las controversias.
Con información de SWI swissinfo.ch / EFE.
