La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) condenó este viernes la salida de Edmundo González de Venezuela, que consideró como un “exilio forzoso”, además de los “hostigamientos” contra la Embajada de Argentina, pidiendo al Gobierno el fin de estas prácticas.
“El Estado venezolano debe poner fin a la persecución política, respetar compromisos internacionales en materia de asilo diplomático y reestablecer el orden democrático”, exhortó la comisión mediante un comunicado.
La Cidh dice que ha venido “documentado graves prácticas de ruptura institucional y democrática que incluyen, entre otras, el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes estatales, detenciones arbitrarias de personas manifestantes y dirigentes opositores, citaciones judiciales y órdenes de arresto sin fundamento legal y la cancelación de pasaportes de opositores, periodistas y defensores de derechos humanos”.
“Adicionalmente, el 6 de septiembre, la residencia oficial de la embajada de Argentina en Caracas (bajo la custodia de Brasil desde el 1 de agosto) fue hostigada por agentes del Estado en una intervención integrada por al menos 20 funcionarios públicos armados, quienes se apersonaron en dicha sede y procedieron a cortar el suministro de electricidad y suspender el ingreso de alimentos por al menos 24 horas”, sumó la Cidh.
Sumado a ello, reitera la Cidh que son “responsables de velar por el respeto del derecho internacional en su estrecha relación con los derechos humanos. En este sentido, refuerza la necesidad de que los Estados observen las obligaciones internacionales derivadas de sus compromisos consuetudinarios y convenciones, incluida la Convención de Viena Sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y la Convención de Asilo Diplomático de 1954”.
“En una democracia ninguna persona con liderazgo político debería verse obligada a asilarse en una embajada o abandonar el país para resguardar derechos como la vida, la integridad y la libertad. La Comisión reitera que estos actos del Estado venezolano tienen como intención infundir miedo en la población y desalentar la participación política de la oposición. La Comisión reitera su llamado al Estado venezolano a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas venezolanas, así como a agotar todas las medidas para canalizar los conflictos, priorizando el diálogo y la negociación”, finaliza el manifiesto.
