Venezuela, Cuba y Nicaragua figuran en la lista de Estados Unidos como países con una alta incidencia de tráfico humano, bajo el argumento estadounidense de incumplimiento de los estándares mínimos requeridos para su erradicación y a la falta de esfuerzos significativos en este sentido.
Esto se revela en el Informe sobre la trata de personas de 2024 (Informe TIP), publicado por el Departamento de Estado de la nación norteamericana, que clasifica a los países según su nivel de tráfico humano y coloca a los mencionados en la categoría más severa, una situación que no ha cambiado desde el año anterior.
En el caso de Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega ha “continuado minimizando la gravedad del problema” y no ha identificado ninguna víctima de trata durante el segundo año consecutivo, ni ha procesado ni condenado a ningún traficante.
Para Venezuela, se exige que investigue y castigue a los traficantes y sus cómplices involucrados en el tráfico sexual infantil, el reclutamiento o el uso de niños por parte de grupos armados ilegales o grupos armados no estatales (Nsag), así como en el tráfico de hombres y personas Lgbti.
Por su parte, a Cuba se le recomienda asegurarse de que “los programas de exportación laboral patrocinados por el gobierno cumplan con los estándares laborales internacionales, específicamente que los participantes reciban salarios justos que se paguen íntegramente a las cuentas bancarias que los trabajadores pueden controlar”.
Tendencias actuales en la trata de personas
El informe destaca las similitudes en las tendencias del tráfico humano que enfrentan los países del hemisferio occidental (América del Norte, Central, del Sur y el Caribe), especialmente relacionadas con la inmigración irregular.
“La migración irregular sin precedentes en la región afecta a todos los países del hemisferio occidental. Los migrantes y solicitantes de asilo son especialmente vulnerables al tráfico sexual y al trabajo forzoso, incluso por parte de grupos delictivos organizados grandes y pequeños”, señala el documento.
En términos generales, el informe afirma que existe voluntad política para abordar la trata de personas en lo referente al tráfico sexual, pero hay “débiles esfuerzos dirigidos a combatir el trabajo forzoso”.
Las inspecciones laborales carecen frecuentemente de fondos y personal adecuados y, generalmente, tienen autoridad limitada o nula para inspeccionar los lugares de trabajo del sector informal donde muchas víctimas son explotadas, especialmente a lo largo de rutas migratorias cambiantes.
Este año, el informe se enfoca en cómo los traficantes utilizan tecnología y métodos online cada vez más “sofisticados” para reclutar, controlar, comercializar y explotar a personas vulnerables, así como para evadir la detección.
Los traficantes utilizan internet para publicitar y vender niños en línea a cambio de sexo, anunciar trabajos falsos en plataformas de redes sociales que son esquemas de trata de personas, transferir criptomonedas a otros traficantes y perpetuar operaciones de estafa en línea.
Con información de EFE.
