La junta administradora ‘ad hoc’ de Pdvsa que designó la Asamblea Nacional (AN) del 2015, difundió este miércoles un comunicado en el que aclaran que el caso de Citgo, si bien está avanzado, aún no llega a su fin, por lo que acusaron al Gobierno venezolano de hacer de ello un tema de “campaña electoral”.
“La situación de Citgo no ha llegado a su fin, como está tratando de hacer creer el régimen de (Nicolás) Maduro y algunos colaboracionistas, en un nuevo intento de engañar y manipular a la opinión pública nacional e internacional”, señaló la directiva en la misiva.
En el escrito, reconocen que dicho proceso se encuentra avanzado, pero reiteran que “no ha concluido. Pdvsa Ah Hoc ha declarado públicamente sus críticas a un proceso que no cumple con principios de justicia y equidad”.
En ese sentido, acusaron a la administración del presidente Maduro de “busca hacer del caso de Citgo un tema de campaña electoral y de persecución política, para distraer la atención sobre seis años de usurpación de poder, su rotundo fracaso económico en la conducción del país y su contribución directa por más de 11 años en la destrucción de la industria petrolera venezolana”.
Asimismo, Pdvsa ‘ad hoc’ mencionó hechos que llevaron a la empresa a la recuperación de sus refinerías, la optimización de sus procesos y el incremento del negocio en los mercados, todo desde que asumieron el control de Citgo.
“(Esto) nos ha llevado a obtener ganancias en los últimos 10 trimestres que acumulan casi cinco mil millones de dólares, logrando salir del endeudamiento en que había sido subsumida la empresa, recuperando la garantía de 49,9 % de las acciones otorgadas a la empresa rusa Rosneft e incrementando la capacidad de refinación a 850 mil barriles diario de crudo”, apuntó.
Finalmente, añaden que Pdvsa y Venezuela “todavía tienen derecho a recursos legales que legítimamente pueden ejercer contra el resultado de proceso de venta, y apelaciones ante la Corte del Tercer Circuito y la Corte Suprema de los Estados Unidos. Todo esto es posible antes de que el proceso judicial se dé por concluido, y quede la protección final en la decisión del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos”.