Las autoridades venezolanas buscan crear una ruta para corregir el retardo procesal, una problemática que según organizaciones no gubernamentales, afecta a miles de privados de la libertad.
El Ministerio de Interior y Justicia del país caribeño informó a través de su cuenta en X que en la reunión estuvo presente el representantes de ese despacho, la Fiscalía del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Defensoría Pública y de la cartera de Asuntos Penitenciarios. Todos se comprometieron a tomar acciones, sin precisar cuáles, «que permitan avanzar en la garantía de la celeridad procesal».
Por su parte, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, resaltó que con estas medidas «se busca la consolidación de un sistema de justicia probo y garante de los derechos humanos».
En julio de 2023, Saab anunció la puesta en marcha de un plan para reducir el número de personas recluidas en las estaciones policiales, consideradas centros de detención preventiva.
Por esta razón, la Fiscalía, el Ejecutivo y el TSJ se comprometieron a convertir los centros preventivos en casas de paz, de modo que puedan celebrarse en esos calabozos las audiencias de juicio para combatir el retardo procesal que mantiene a miles de detenidos durante años en estos lugares, originalmente concebidos para 48 horas de detención.
Con información de El Aragueño.