La justicia colombiana desmanteló una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de migrantes. Según se informó este jueves, 31 individuos fueron arrestados bajo la sospecha de formar parte de una red que facilitaba documentos de identidad falsificados a ciudadanos de la República Dominicana y Venezuela.
Estos documentos eran utilizados para iniciar un periplo hacia México o Guatemala, con el objetivo final de cruzar la frontera terrestre hacia los Estados Unidos.
Los arrestados incluyen a quienes se cree son los líderes de la operación, así como a reclutadores de clientes potenciales y a funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil y del Ministerio de Relaciones Exteriores, entidades responsables de la emisión de documentos de identificación y pasaportes en Colombia.
Se reveló que la red logró procesar 344 cédulas de identidad y 304 pasaportes colombianos, los cuales fueron posteriormente invalidados como resultado de la investigación. El costo para los migrantes por obtener estos documentos fraudulentos oscilaba entre 2.000 y 4.500 dólares, según declaraciones del coronel Edwin Masleider Urrego, director de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional.
La Fiscalía del país neogranadino indicó que empleados actuales y antiguos de la Registraduría Nacional del Estado Civil habrían manipulado registros civiles de individuos que no habían solicitado sus cédulas de identidad para usurpar sus identidades. De manera similar, funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores están acusados de haber emitido los pasaportes fraudulentos.
La operación investigativa, que comenzó en el año 2021, culminó con la detención de los sospechosos en Bogotá y en varios departamentos del norte y sur del país, incluyendo Atlántico, Córdoba, Cesar, Sucre, La Guajira, Amazonas y Caquetá.
Dos rutas
Se identificaron al menos dos rutas principales utilizadas por los migrantes que adquirieron los documentos ilegítimos. Un grupo optaba por viajar a México o Guatemala para después emprender el trayecto terrestre hacia los Estados Unidos, mientras que otro grupo se dirigía a países europeos con la intención de establecerse allí o encontrar otras vías para ingresar a territorio estadounidense.
Dentro de la jerarquía de la red, un ciudadano dominicano y una ciudadana colombiana han sido señalados como los principales cabecillas. El hombre es actualmente objeto de una notificación azul de Interpol en 196 países, y la mujer fue detenida durante la operación, acusada de coordinar las actividades del grupo, incluyendo a seis miembros de su propia familia.
La Fiscalía planea imputar a los detenidos por una serie de delitos que varían según su nivel de participación en la organización, incluyendo tráfico de migrantes, falsedad ideológica en documento público, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito. Los acusados enfrentan posibles condenas de 9 a 15 años de prisión.
Con información de AP.
