El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se ha visto salpicado por una nueva controversia tras la difusión de unos explosivos audios del exembajador en Venezuela Armando Benedetti, en los que este insinúa que podría revelar información comprometedora sobre el Gobierno del país neogranadino y que habría recaudado 15.000 millones de pesos —unos 3,45 millones de dólares (USD)— para la campaña presidencial de 2022.
Ante estas acusaciones, Petro salió al paso y afirmó que su elección se realizó con total transparencia y legalidad, y que la mayor parte del financiamiento provino de “préstamos de la banca comercial”.
Además, señaló que se aceptaron y rechazaron diversas donaciones, pero siempre siguiendo “los criterios de la ley”.
Oposición cuestiona la legitimidad de Petro
La exsenadora Viviane Morales aprovechó el escándalo para cuestionar la capacidad de Petro para designar a la terna de candidatos a fiscal general, argumentando que el presidente estaría en “un conflicto de intereses” al estar implicado en una supuesta financiamiento ilegal.
Petro respondió a Morales que sus adversarios políticos no solo quieren “impedir” que se nombre al fiscal, sino que también buscan derrocarlo por la vía judicial, tal como ocurrió con el expresidente peruano Pedro Castillo, quien fue destituido y encarcelado tras un fallido intento de autogolpe de Estado.
Denuncia penal contra Petro
Por su parte, el excandidato presidencial colombiano Federico ‘Fico’ Gutiérrez anunció que presentará una denuncia penal contra Petro por el presunto ingreso de dinero “del narcotráfico” a su campaña, según se desprende de los audios de Benedetti.
Gutiérrez solicitó a la Fiscalía el “respaldo institucional” necesario para investigar no solo al exembajador, sino también a la exjefa de Gabinete Laura Sarabia y al gerente de la campaña Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol.
“No solo sería un gobierno ilegítimo sino ilegal”, afirmó.
