Un tribunal de El Salvador condenó el lunes a 14 años de prisión al expresidente Mauricio Funes por negociar una tregua con las pandillas para bajar la tasa de homicidios a cambio de beneficios para sus cabecillas en las cárceles.
En tanto, a su exministro de Seguridad, general David Munguía Payés, el tribunal le impuso una pena de 18 años, refirió AP.
Funes enfrentaba cargos por los delitos de agrupación ilícita e incumplimiento de deberes, mientras que el general Munguía Payes fue condenado por los mismos delitos y se le sumó el de actos arbitrarios.
Funes, de 64 años, se convirtió así en el segundo presidente salvadoreño condenado por violar la ley durante su mandato (2009-2014).
En un programa de entrevistas transmitido en las redes sociales, el expresidente negó nuevamente los cargos que se le imputan y rechazó la sentencia.
“En mi opinión, la condena, por lo que a mí se refiere, es ilegal, no tiene sustento legal, ahora la condena del general Munguía Payés me parece injusta”, dijo Funes.
No presentará recurso de apelación
Argumentó que a nadie se le puede condenar por un delito que no se ha podido demostrar. La Fiscalía no logró demostrar ninguno de los delitos, reprochó Funes, “ni los que se me imputan a mí, ni lo que le imputan a Munguía Payes”.
“Yo también me considero un condenado político, aunque la condena no se vaya a ejecutar porque no puedo ser extraditado por mi ciudadanía nicaragüense, pero simbólicamente sirve”, advirtió.
Funes descartó la posibilidad de presentar un recurso de apelación alegando que no tiene contacto con el defensor público que le asignaron.
El Tribunal argumentó en su fallo que las pruebas testimoniales, periciales y documentales comprobaron la comisión de los delitos cometidos por los procesados cuando eran funcionarios.
Señaló que en el juicio quedó establecido que ambos tenían el conocimiento y el dominio de las acciones ilegales que se realizaban como parte de la tregua pactada con las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y las dos facciones del Barrio 19, en 2012 y 2013.
Funes, que vive en Nicaragua bajo la protección del gobierno del presidente Daniel Ortega que en 2019 le otorgó la nacionalidad para evitar su extradición, no estuvo presente en el juicio. El exmandatario no nombró abogado defensor, por lo que le fue asignado uno de oficio.
Una reforma penal aprobada en septiembre de 2022 permite realizar juicios con imputados ausentes.
Los testigos -entre ellos el obispo católico Fabio Colindres y el exministro de Seguridad y exdirector del Organismos de Inteligencia del Estado, Ricardo Perdomo- dijeron en el juicio que Funes y el general Munguía Payés estaban enterados de todos los pormenores de los acuerdos de la tregua.
