El representante de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Rodulfo Pérez, expresó este jueves el rechazo de su país a las “medidas coercitivas unilaterales” que le han sido impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y otros Estados.
“Bloqueo” y violación de la Carta de la ONU
El diplomático intervino en la reciente reunión del Consejo Ejecutivo de la Unesco, donde calificó de “bloqueo” y de “medidas coercitivas unilaterales y criminales” las sanciones que afectan al pueblo venezolano, y exigió el “respeto a la Carta de las Naciones Unidas”, que consagra los principios de igualdad soberana, no injerencia y solución pacífica de las controversias. “Para que exista la paz, debe existir respeto a la soberanía de los pueblos, a los valores más elevados de la sociedad”, afirmó.
El representante venezolano recordó que estas medidas fueron condenadas por la relatora especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Alena Douhan, quien visitó Venezuela en febrero pasado y urgió a su levantamiento. Según Douhan, las sanciones han exacerbado la crisis económica y social del país y han obstaculizado el acceso a alimentos, medicinas, combustible, electricidad, agua y otros servicios básicos.
“Avances” en educación, ciencia y cultura
Pese a estas dificultades, Pérez destacó los logros de Venezuela en materia de “inclusión social, educación, ciencia y cultura”.
“Venezuela ha llegado a tener más de 150.000 maestros, formándose al mismo tiempo como profesionales de la educación”, dijo Pérez, quien aseguró que el país “ha construido un fuerte sistema educativo”.
Asimismo, resaltó el trabajo del Sistema de Coros y Orquestas de Venezuela, que beneficia a más de un millón de niños y adolescentes con formación musical; y la reciente inauguración del Parque Científico Tecnológico Bolivariano Hugo Chávez Frías, que busca impulsar la innovación y el desarrollo nacional.
El Gobierno venezolano ha denunciado que las sanciones le han impedido acceder a 232.000 millones de dólares (USD) en el sector petrolero, lo que ha afectado gravemente su capacidad para financiar programas sociales en áreas como educación, salud, alimentación, vivienda e infraestructura.
