Los veintisiete países de la Unión Europea (UE) aprobaron los mandatos de negociación para que el bloque pacte el intercambio de datos personales a través de la Agencia europea para la cooperación policial (Europol) con cinco países de América Latina.
Se trata de Brasil, Bolivia, Ecuador, México y Perú. Estos acuerdos buscan reforzar el control y lucha contra el crimen organizado, en especial el narcotráfico, y el terrorismo.
La aprobación de los gobiernos se produjo en una reunión a nivel de embajadores en Bruselas, por lo que las decisiones deben ser refrendadas formalmente en una reunión ordinaria de ministros europeos antes de que se inicien las negociaciones. La presidencia de turno de la UE, que este semestre ocupa Suecia, celebró el acuerdo entre las capitales como “un paso importante en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado”.
Los mandatos de los acuerdos surgieron a raíz de recomendaciones de la Comisión Europea y tienen como objetivo afianzar el intercambio de información personal entre Europol y las autoridades de los países terceros para combatir los delitos transnacionales graves. Entre ellos, luchando contra la entrada ilegal de drogas en Europa o la ciberdelincuencia.
“Controles necesarios”
Sin embargo, se deberán ofrecer garantías respecto a la protección de la privacidad, los datos personales y los derechos y libertades fundamentales de las personas.
Bruselas pidió que la cooperación y el intercambio de datos en virtud de los acuerdos que se negocien se limiten únicamente a aquellos delitos e infracciones penales que formen parte de las competencias de Europol. Además, se deberán “establecer con claridad y precisión las salvaguardias y controles necesarios” para la protección de datos personales y de los derechos fundamentales y las libertades de las personas.
También se deberá asegurar que la información intercambiada respetará el principio de especificidad, que garantiza que los datos no se tratarán para fines distintos de aquellos para los que se han transmitido, y Europol podrá introducir restricciones de acceso o uso en el momento de la transmisión de los datos.
Especificaciones como el origen étnico, las opiniones políticas, orientación sexual, salud, convicciones religiosas o afiliación sindical sólo podrán ser compartidos cuando sea “estrictamente necesario, razonable y proporcionado” en cada caso individual para “prevenir o combatir un delito” y siempre que complementen otros datos personales.
