La Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) negó este lunes la petición del gobierno de Nicolás Maduro de responder los testimonios de más de 8.000 víctimas que presentaron sus denuncias y apoyaron que se continúe con la investigación.
La ONG Provea explicó que los jueces de la Sala consideraron que los alegatos del Estado venezolano “no son lo suficientemente precisos como para permitir a los Jueces determinar la procedencia de conceder una autorización para responder”.
Asimismo, manifestaron que las peticiones hechas “son de naturaleza amplia y no identifican de manera persuasiva cualquier aspecto específico del Informe VPRS que requiera una respuesta de Venezuela. Además, el Informe VPRS transmite las opiniones y preocupaciones de las posibles víctimas”.
También aclararon que “en esta etapa, ninguna víctima ha sido admitida a participar en el proceso, por lo que el nivel de respuesta previsto por Venezuela no es garantizado en la etapa actual”.
La organización explicó que las normas de la Corte Penal Internacional “no prevén que el Estado pueda hacer alegaciones exhaustivas, como pedía el Gobierno ‘responder en detalle a cada una de estas alegaciones’ de las víctimas“, lo que definió como un intento por parte del Gobierno de dilatar el proceso.
Tras ello, los magistrados continuarán la evaluación para decidir si la Fiscalía de la CPI, que dirige Karim Khan, prosigue o no la investigación contra el gobierno de Nicolás Maduro por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad.
