El primer ministro peruano, Alberto Otárola, declaró que el endurecimiento de la política migratoria en su país no está dirigido contra ningún grupo específico de ciudadanos extranjeros, sino que busca proteger al Perú y enfrentar la ola de violencia que considera que vive la nación andina.
En un mensaje publicado en Twitter, Otárola afirmó: “Todos somos migrantes y por eso les recalco: nuestra política no es contra un grupo, es una medida para proteger al Perú y enfrentar la ola de violencia“.
El primer ministro mencionó una serie de asesinatos de ciudadanos peruanos “a manos de extranjeros” que han tenido gran cobertura mediática en las últimas semanas por su violencia extrema. Ante ello, añadió que el Gobierno ha decidido tomar “el toro por las astas” porque “todos estos crímenes fueron de execrable violencia y saña criminal, como nunca antes se han visto en el país”.
Por ese motivo, el Ejecutivo peruano endureció desde la semana pasada las medidas contra las personas que intentan ingresar a su territorio de manera irregular, con la entrada en vigencia del estado de emergencia decretado en todas las zonas de frontera después de que la presidenta, Dina Boluarte, responsabilizara a la migración del incremento de la criminalidad en su país.
“Se hacen los esfuerzos necesarios”
El Superintendente de Migraciones, Armando García, declaró que unos 100.000 extranjeros que no han prorrogado su residencia podrán regularizar su situación gracias a una amnistía aprobada por el Ejecutivo durante un periodo de 6 meses.
Además, el ministro peruano del Interior, Vicente Romero, informó que unos 5.000 ciudadanos venezolanos desean volver desde Perú hacia su país y aseguró que también “se hacen los esfuerzos necesarios” para solucionar la crisis migratoria que se presenta en la frontera peruano-chilena.
Ante la situación en la frontera sur de Perú, donde cientos de migrantes, en su mayoría de Venezuela, Haití y Colombia, han protagonizado trifulcas con agentes de la Policía Nacional en su intento de ingresar al territorio peruano, autoridades peruanas y chilenas han estado conversando sobre la posibilidad de abrir un corredor humanitario para atender la crisis migratoria en su frontera compartida y poder regresar a las personas desplazadas a sus países de origen.
Por su parte, Boluarte informó que el Ejecutivo planteará al Congreso una “reforma constitucional para autorizar la intervención de las Fuerzas Armadas en las zonas de frontera” y responsabilizó a los migrantes de la criminalidad que afecta a su país, pues dijo que son los que “lamentablemente están cometiendo” actos de delincuencia.
