La empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) señaló este martes que todo acuerdo que hagan los acreedores bajo la licencia 42 de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos “es nulo e ilegal bajo las leyes” venezolanas.
Las declaraciones de Pdvsa ocurren después de que Estados Unidos autorizara a la Asamblea Nacional (AN) de 2015 y a su directiva a celebrar acuerdos para el pago de las deudas de la empresa el lunes 1 de mayo.
En un comunicado en su cuenta de Twitter, la empresa señaló que cualquiera de los acuerdos no serán reconocidos por el Gobierno de Nicolás Maduro.
Asimismo, rechazaron la decisión de Estados Unidos de permitir que se subasten acciones de Citgo, filial de Pdvsa en ese país, para responder a una demanda de la minera canadiense Crystallex, que exige una indemnización por una expropiación que sufrió durante el gobierno de Hugo Chávez (1999-2013).
“Rechazamos categóricamente y desconocemos completamente la fraudulenta enajenación de la participación accionaria de Pdvsa Holding en Citgo, a través de un ilegal procedimiento de venta concertada a merced de los intereses del gobierno norteamericano”, reza el texto.
Afirman que el proceso de Crystallex ante un tribunal de Delaware se hizo sin la “legítima representación” del gobierno de Maduro, lo que a su juicio está “violando las normas básicas del derecho internacional y desviando la justicia norteamericana a la satisfacción de intereses económicos de ciertos grupos políticos”.
En este sentido, rechazaron que Estados Unidos se niegue a llegar a acuerdos para la protección de los activos y filiales, y acusó a la oposición venezolana de haber “conducido al saqueo y destrucción de activos de Pdvsa y sus filiales”.
En contexto
El Parlamento opositor venezolano de 2015, liderado por la dirigente Dinorah Figuera desde su exilio en España, recibió este lunes una licencia por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Ofac.
La misma permitirá a esta instancia de la posición avanzar en algunos acuerdos de deudas pendientes del Gobierno y de la estatal Pdvsa. La autorización también se extiende a personas designadas por este Parlamento reconocido por las autoridades estadounidenses.
La licencia general número 42 incluye a las juntas ad hoc de directores como autorizados, lo que significaría un avance en el reconocimiento a la nueva presidencia de la Asamblea Nacional (AN) de 2015. Esto surge después de la salida de Juan Guaidó tanto del rol de presidente encargado como de la presidencia encargada, que fue eliminada en diciembre.
“Esto puede solucionar algunos de los problemas derivados de la eliminación de la figura del presidente encargado“, comentó José Ignacio Hernández, exprocurador especial durante los primeros años de gestión de Guaidó.
El cambio de representación en el Parlamento, luego de que además fuese eliminado el Gobierno interino, ha llevado a un congelamiento de las relaciones entre la Administración de Joe Biden y la oposición venezolana. Incluso, las autoridades en Estados Unidos retomaron el control de las sedes diplomáticas de Venezuela en ese país, asignadas a los representantes de Guaidó, quienes también salieron de sus cargos.
