El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela declaró la constitucionalidad de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional (AN) el jueves y que tiene como objetivo recuperar bienes relacionados con la corrupción, tanto ilícitos como de origen lícito pero con asociación delictiva.
La aprobación de esta ley se produce en medio del escándalo por las tramas de corrupción reveladas recientemente, que han llevado a la detención de 61 personas, incluyendo varios funcionarios.
Según la Sala Constitucional del TSJ, esta ley “contiene normas que buscan fortalecer las capacidades del Estado para combatir con eficiencia estas prácticas delictivas”.
Aunque el instrumento legal no ha entrado en vigencia, ya se estableció que “la extinción de dominio procederá, aunque los presupuestos fácticos exigidos para su declaratoria hubieren ocurrido con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley”.
El diputado chavista Diosdado Cabello, principal impulsor de esta ley, sostuvo que esta norma no reconocerá el derecho a la propiedad privada “cuando se trate de bienes obtenidos producto de actividades ilícitas”, ni tampoco los “destinados a esas actividades contrarias a la ley”.
El chavismo ha afirmado que los recursos recuperados serán destinados al sistema de protección social, servicios públicos, infraestructura pública, programas de atención y reparación a las víctimas de actividades ilícitas y a las instituciones encargadas de combatir la corrupción.
