La Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Venezuela solicitó al Ministerio Público (MP) que inicie los procedimientos para detener a un grupo de funcionarios de la estatal Corporación Venezolana de Guayana (CVG) que “podrían estar incursos en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos”. Esta es la segunda fase del operativo Caiga quien Caiga, con el que el Gobierno venezolano pretende atacar la corrupción dentro de las empresas estatales.
Las nuevas peticiones de imputación se dieron gracias a las “rigurosas investigaciones y las declaraciones rendidas por la banda criminal que está siendo procesada”, en referencia a la primera fase de este dispositivo. Aunque esta vez no se detalló el número ni la identidad de los investigados, la operación anticorrupción se ha saldado ya con la detención de al menos 25 personas, tras las investigaciones en la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Los sospechosos detenidos, funcionarios de Pdvsa y la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), captaban jóvenes para legitimar capitales “al mejor estilo de las mafias telenovelescas de narcos”, según subrayó el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab. Los funcionarios se valían de su cargo y sus niveles de autoridad para ejecutar operaciones petroleras paralelas a las de Pdvsa en el denominado caso de la red Pdvsa-Cripto.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, alabó las labores de los Cuerpos de Seguridad a través de un mensaje en su cuenta en Twitter: “¡Pueblo de Venezuela! Lo reitero: Nervios de acero, calma, cordura y máxima conciencia popular. A los corruptos los vamos a castigar con el poder de la justicia y la ley. ¡Sea quien sea! ¡Caiga quien Caiga! No permitiremos que se le robe al pueblo”.
Los implicados en esa primera fase son 10 funcionarios, 11 empresarios, tres jueces y un alcalde, que están acusados de cargos de “apropiación o distracción de patrimonio publico, alargamiento o valimiento de relaciones de influencias, legitimación de capitales y asociación, mientras que los empleados públicos también enfrentaran cargos de traición a la patria”, explicó Saab.