El Gobierno de Venezuela rechazó categóricamente las “falsas acusaciones” realizadas por la Misión de Naciones Unidas para la Determinación de los Hechos en el país, que responsabilizó al Ejecutivo del presidente Nicolás Maduro de “atemorizar a la población civil y desmovilizar la disidencia política”.
En un comunicado emitido por la Cancillería del país sudamericano, se tachó a la comisión investigadora de “pseudo misión”, que “forma parte de la política de cambio de régimen impulsada por las autoridades” de Estados Unidos. Asimismo, acusó a esta comisión de tergiversar la realidad con “falsas matrices mediáticas, dirigidas a dar aliento a los grupos más extremistas que intentan alterar la paz y atentar contra las instituciones democráticas del país”.
El Gobierno de Maduro subrayó los avances en el diálogo y la cooperación con la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh), una dinámica que, ratificó, mantendrá “en estricto apego a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, respeto a la soberanía y no injerencia en los asuntos internos”.
En el comunicado emitido por la Cancillería venezolana, se ratificó que no se reconocerán “mecanismos de tutelaje o monitoreo como esta hostil Misión, que dilapida los recursos de la ONU y claramente transgrede los pilares fundamentales del multilateralismo y los principios que rigen las labores del Consejo de Derechos de Humanos”.
La Misión presentó al Consejo de Derechos Humanos una actualización oral de las informaciones que ha procesado en los últimos meses, en la que habló de “graves violaciones (que) continúan produciéndose en Venezuela”, entre las que mencionó la detención de personas opositoras al Gobierno.
La presidenta de la misión, Marta Valiñas, hizo referencia a datos de ONG venezolanas que cifran en 282 el número actual de presos políticos, entre civiles y militares.
