El Comité de Investigación de Rusia inició una causa penal contra los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) y el fiscal jefe de la misma por haber emitido órdenes de arresto —incluida una contra el presidente Vladimir Putin— por la deportación forzada de niños ucranianos.
La causa se abrió por un posible delito contemplado en el Código Penal ruso al poner en cuestionamiento la protección de un jefe de Estado.
Los jueces Tomoko Akane, Rosario Salvatore Aitala y Sergio Gerardo Ugalde Godinez son los principales señalados, junto con el fiscal del CPI, Karim Khan. Rusia alega la “inmunidad absoluta” de Putin ante cualquier proceso extranjero, lo que ha dado lugar a una confrontación con la CPI en la que se acusa al presidente ruso de permitir la deportación forzada de niños desde zonas ocupadas por Rusia en el este de Ucrania.
La CPI inició investigaciones para determinar si se han cometido crímenes de guerra o contra la humanidad en el contexto de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.
