CPI emite orden de detención contra Putin por “deportación ilegal” de niños

Vladimir Putin. / Foto: Kremlin.

La Corte Penal Internacional (CPI) emitió este viernes una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, como “presunto responsable” de la deportación ilegal de niños ucranianos y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania a Rusia, lo que supone un crimen de guerra según el tratado de este tribunal, el Estatuto de Roma.

La sala de cuestiones preliminares de la CPI también emitió una segunda orden de detención contra la política rusa María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, con la misma acusación.

Ambas órdenes de detención son las primeras de su tipo que emite la CPI en el contexto de su investigación de crímenes en la guerra en Ucrania.

“Vladímir Vladimirovich Putin, nacido el 7 de octubre de 1952, presidente de la Federación de Rusia, es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y traslado ilegal de población (niños) de las zonas ocupadas de Ucrania a Rusia”, dice la acusación formal que argumenta la emisión de la orden de arresto.

El fiscal de la CPI, Karim Khan, solicitó al tribunal autorización para emitir estas dos órdenes de detención el pasado 22 de febrero, según comunicó la CPI.

La Corte también detalla que estas órdenes son generalmente secretas para proteger a las víctimas, los testigos y la investigación en curso sobre Ucrania, pero aceptó hacer públicos los nombres de los sospechosos porque “la conducta abordada en la presente situación supuestamente continúa” y hacer pública esta información podría contribuir a la prevención de nuevos delitos.

Por su parte, Rusia calificó de “nula jurídicamente” la orden de arresto del jefe del Kremlin, Vladímir Putin.

“Las posibles ‘prescripciones’ de arresto que salgan del Tribunal Internacional serán para nosotros jurídicamente nulas”, escribió María Zajárova, portavoz de Exteriores rusa, en su canal de Telegram.

La diplomática argumentó que “Rusia no es partícipe del Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional”, por lo que, al respecto, “no tiene obligaciones”. 

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