La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela expresó este lunes su preocupación por el proyecto de ley para regular ONG que aprobó la Asamblea Nacional el pasado 24 de enero, y que según ellos puede suponer un cierre del espacio cívico y democrático.
“La regulación impondría a las ONG, tanto existentes como en proceso de formación, un conjunto de requisitos formales tan onerosos que le otorgaría al Estado una potestad cuasi permanente de suprimirlas“, advirtió en un comunicado uno de los expertos de la misión, el chileno Francisco Cox, citado por El Nacional.
La Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines impone requisitos adicionales para el funcionamiento de las ONG y otras entidades sin ánimo de lucro y su incumplimiento estaría sujeto a fuertes sanciones que podrían llegar a su disolución.
La iniciativa legal, indicó la misión de la ONU, se ultima en un momento en el que las ONG de promoción de derechos humanos que trabajan en Venezuela enfrentan progresivamente más limitaciones a su funcionamiento, incluido en el aspecto clave de su financiación.
“Sin acceso a los fondos de cooperación internacional, muchas de estas organizaciones inevitablemente van a desaparecer”, advierte la misión.
Según la misión, uno de los aspectos del proyecto más preocupantes es la atribución que confiere al Ejecutivo, especialmente su nueva facultad de poner en marcha mecanismos de control que le permitan supervisar y sancionar aspectos de las ONG que bajo su punto de vista “amenacen la seguridad nacional”.
“Esto expone a las organizaciones a una vigilancia permanente incluso a través de un posible control policial o de inteligencia”, indicaron los expertos.
El texto también recoge prohibiciones a actividades que podrían ser juzgadas con arbitrariedad, ya que habla de sancionar “actividades políticas” o aquellas que “atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República”, lo que para la misión podría suponer una amenaza para las ONG que colaboran con ellos.
El proyecto de ley, concluyen, se enmarca en un patrón más amplio de restricciones al espacio cívico “a través de amenazas, ataques y detenciones arbitrarias contra personas defensoras de los derechos humanos, sindicalistas y periodistas”.
