El gobierno mexicano confirmó este martes que otorgó asilo político a la familia del expresidente de Perú, Pedro Castillo, quien fue destituido por el Congreso tras dar un golpe de Estado y ahora permanece en prisión.
“El asilo ya se les concedió porque están en territorio mexicano, es decir, están en nuestra Embajada y cuando están en la embajada les conceden el asilo, es una decisión independiente y soberana de México“, dijo Ebrard durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Asimismo, detalló que están negociando con las autoridades del Perú el otorgamiento de un salvoconducto en caso de que la familia de Castillo quiera viajar a México.
“Lo que se está negociando es el salvoconducto para que si desean salir lo puedan hacer y venir a México si así lo desean, pero están en territorio mexicano”, afirmó.
Sin embargo, no mencionó los nombres de los familiares de Castillo que están en la embajada protegidos por el asilo político.
Prisión preventiva
El pasado 15 de diciembre, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de Perú decretó 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo por la comisión de delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública.
Así, la Justicia peruana emitió una resolución favorable sobre la solicitud de la Fiscalía de detener al exmandatario de forma preventiva por un periodo de 18 meses, todo ello tras encontrar fundadas las acusaciones que podrían suponer para Castillo una pena superior a los cuatro años, según informó el propio organismo en un comunicado.
Además, el exprimer ministro Aníbal Torres, uno de los principales apoyos de Castillo, deberá comparecer periódicamente con ciertas restricciones y reglas de conducta, ya que está siendo investigado en el mismo caso.
La decisión del Poder Judicial peruano tiene lugar después de que Castillo anunciase la disolución del Congreso y la instauración de un Gobierno de excepción el pasado 7 de diciembre, hechos tras los cuales fue destituido por el Congreso y posteriormente detenido por las fuerzas de seguridad peruanas.
Desde entonces, permanece recluido en la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional de Perú, a las afueras de Lima.
