Casi 10.000 personas tuvieron atrincherarse forzosamente en sus hogares del noroeste de Colombia por las amenazas de la guerrilla comunista Ejército de Liberación Nacional (ELN), a propósito del “paro armado” impuesto por la organización armada y narcotraficante el pasado jueves, según denunció la Defensoría del Pueblo del país.
La Defensoría asegura que no existen hechos sobre el terreno que demuestren esta presunta detención de las actividades criminales del grupo irregular, ahora mismo en pie de guerra contra las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) – Clan del Golfo y que afectan en particular a los municipios de Medio San Juan, Istmina, Nóvita y Sipí.
El pasado lunes 12 de diciembre se registró una incursión de miembros de las AGC a la comunidad afrocolombiana de Negría en Istmina, en la que fue asesinada una persona y recibieron intimidaciones, daños a bienes civiles y hurtos.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, aseguró que “las comunidades afro(colombianas) e indígenas han afrontado eventos sucesivos de confinamiento y desplazamiento masivos a causa de la instalación de explosivos, combates con interposición de población civil, amenazas, restricciones, y controles de población y territoriales por grupos ilegales“.
El jueves, pocos días después de que terminara la primera ronda de diálogos entre el ELN y el Gobierno, Camargo reprochó a la guerrilla que está “lanzando postulados y narrativas” sin presentar “hechos concretos” en busca de la paz. Está previsto que la segunda cita tenga lugar el próximo año en suelo mexicano, uno de los países garantes del acuerdo junto a Venezuela y Noruega.
