Luego de que el gobierno de Dina Boluarte decidiera dictar el estado de emergencia a nivel nacional debido a las violentas protestas que se han registrado en Perú por la inconformidad con la actual situación política, la Defensoría del Pueblo cuestionó el uso de armas de fuego en las manifestaciones.
En un mensaje publicado en Twitter, la entidad exigió al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas “el cese inmediato del uso de armas de fuego y de bombas lacrimógenas lanzadas desde helicópteros”.
La cifra de víctimas en las protestas en Perú aumentó el jueves a 18 muertos y cerca de 500 heridos, según la Defensoría del Pueblo, mientras las manifestaciones continuaban en varias partes del país demandando la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y la convocatoria a elecciones generales.
Ayacucho, en la zona sur del país, se convirtió en el nuevo epicentro de la escalada de violencia. La dirección sanitaria de la ciudad informó que siete personas perdieron la vida y 52 sufrieron lesiones en enfrentamientos entre los manifestantes y agentes de la policía y las Fuerzas Armadas.
“Ante el ingreso de más heridos, se amplió y habilitó carpas para la atención y observación de los pacientes, así garantizar su cuidado”, dijo un comunicado que además pidió calma a población y que respetaran la labor del personal sanitario. “Nuestra misión es salvar vidas sin distinción alguna”.
El jueves también se conoció que el gobierno declaró la inmovilización social por cinco días en 15 provincias de Apurímac, Arequipa, La Libertad, Cusco, Ica, Puno y Huancavelica.
Esta medida se da en el segundo día del estado de emergencia decretado por 30 días que busca restablecer el orden frente a la quema de comisarías y canales de televisión, la toma de carreteras y de aeropuertos y el bloqueo del paso de ambulancias desde la semana pasada tras la destitución del expresidente Pedro Castillo.
Ante el clima de ingobernabilidad, en el Congreso ya se comenzó ayer a discutir la salida que pondría fin a la crisis que es el adelanto de los comicios generales para que tanto la presidenta Boluarte y los parlamentarios se vayan antes del 2026.
