El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de Perú decretó este jueves 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo por la comisión de delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública.
Así, la Justicia peruana emitió una resolución favorable sobre la solicitud de la Fiscalía de detener al exmandatario de forma preventiva por un periodo de 18 meses, todo ello tras encontrar fundadas las acusaciones que podrían suponer para Castillo una pena superior a los cuatro años, según informó el propio organismo en un comunicado.
Además, el ex primer ministro Aníbal Torres, uno de los principales apoyos de Castillo, deberá comparecer periódicamente con ciertas restricciones y reglas de conducta, ya que está siendo investigado en el mismo caso.
La decisión del Poder Judicial peruano tiene lugar después de que Castillo anunciase la disolución del Congreso y la instauración de un Gobierno de excepción el pasado 7 de diciembre, hechos tras los cuales fue destituido por el Congreso y posteriormente detenido por las fuerzas de seguridad peruanas.
Desde entonces, permanece recluido en la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional de Perú, a las afueras de Lima.